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ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA

AVISO

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Segunda Resolución de fecha 28 de septiembre del 2017, cuyo texto se transcribe a continuación:

VISTA la comunicación No.13578 de fecha 27 de septiembre del 2017, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, mediante la cual remite para el conocimiento y aprobación definitiva de la Junta Monetaria, la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA);

VISTA la comunicación No.0824 de fecha 26 de septiembre del 2017, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Superintendente de Bancos, mediante la cual remite las observaciones consensuadas por la Comisión Interinstitucional a la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA);

VISTA la Matriz comparativa de las observaciones a la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA);

VISTA la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA);

VISTA la Ley No.19-00 sobre Mercado de Valores en la República Dominicana, de fecha 8 de mayo del 2000;

VISTA la Ley No.64-00 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del 2000;

VISTA la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002 y sus modificaciones;

VISTA la Ley No.6-06 de Crédito Público, de fecha 20 de enero del 2006;

VISTA la Ley No.479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 de diciembre del 2008 y sus modificaciones;

VISTA la Ley No.189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha 16 de julio del 2011 y sus modificaciones;

VISTA la Ley No.1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de fecha 25 de enero del 2012;

VISTA la Ley No.141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, de fecha 7 de agosto del 2015;

VISTA la Ley No.488-08 que establece el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), de fecha 19 de diciembre del 2008 y sus modificaciones, contenidas en la Ley No.187-17 de fecha 28 de julio del 2017;

VISTO el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante la Quinta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 18 de diciembre del 2003 y sus modificaciones;

VISTO el Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 de diciembre del 2004 y sus modificaciones;

VISTO el Reglamento de Microcréditos, aprobado mediante la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de agosto del 2014;

VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 17 de agosto del 2017, que autorizó la publicación en consulta pública de la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA);

VISTOS los demás documentos que integran este expediente;

CONSIDERANDO que el Artículo 49 de la citada Ley Monetaria y Financiera, establece que la evaluación de activos y provisiones por parte de las entidades de intermediación financiera, será determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria con arreglo a los estándares internacionales prevalecientes;

CONSIDERANDO que la presente propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), tiene como objeto actualizar el marco normativo para evaluar el riesgo de crédito asociado a los activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos de las entidades de intermediación financiera;

CONSIDERANDO que expresa la Gerencia del Banco Central, que durante el proceso de consulta pública de la referida modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), para lograr el consenso necesario y garantizar la aplicabilidad y eficiencia de la normativa, el Gobernador del Banco Central convocó a los Presidentes de los bancos múltiples y los recibió con el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Bancos, a los fines de escuchar los principales argumentos que tenía ese subsector y puntualizar algunos elementos que facilitaran la elaboración de una normativa equilibrada, que mitigara los riesgos que asumen las entidades de intermediación financiera, sin que con esto se vea afectada la canalización del crédito, en provecho de los sectores productivos;

CONSIDERANDO que en este contexto, fue creada una Comisión Técnica Interinstitucional, integrada por funcionarios del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, con la participación de representantes de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA), con el propósito de lograr un consenso, en el orden de los aspectos siguientes:

1. Posponer la entrada en vigencia de las clasificaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), contempladas en la Ley No.187-17, que modificó algunos artículos de la Ley No.488-08, hasta tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, complete el proceso de implementación de dicha Ley, a fin de que no se vea afectada la canalización del crédito a los diferentes sectores, incluyendo ese importante sector de la economía;

2. Posponer el establecimiento de los límites de endeudamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), considerando los niveles de ingresos consignados en la citada Ley No.187-17;

3. Aplazar la entrada en vigencia del requerimiento de la certificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), estipulada en la referida Ley No.187-17, hasta tanto se alcance un volumen crítico de certificaciones que permita mantener la demanda de crédito que requiere la economía, para su normal desenvolvimiento;

4. Incluir una nueva categoría de deudores, denominada Medianos Deudores Comerciales, a los cuales se les facilitaría el acceso al crédito con montos mayores a RD$25.0 millones hasta RD$40.0 millones, sobre la base de una evaluación crediticia sustentada en el comportamiento de pago ajustado, conforme a un análisis simplificado de suficiencia patrimonial;

5. Suprimir la ampliación de las categorías de riesgo B1, B2, C1 y C2, manteniendo la propuesta de la subdivisión de la categoría de riesgo D, en las nuevas categorías D1 y D2;

6. Revisar los aspectos establecidos como factores de riesgo que se requiere en la evaluación del Mayor Deudor Comercial;

7. Revisar los criterios establecidos para la medición de la capacidad de pago de los deudores comerciales; y,

8. Revisar los requerimientos establecidos para la determinación del riesgo país.

CONSIDERANDO que indica la Gerencia del Banco Central, que dentro de los aspectos propuestos en la modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) que constituyen un aporte importante en la actualización de la normativa, se encuentran los siguientes:

a) Mantener la inclusión de 2 nuevos tipos de garantías admisibles: certificados de garantía recíproca y cuotas de fondo de inversión;

b) Conservar la modificación de los plazos para la actualización de los valores de las tasaciones de las garantías admitidas y exenciones para la actualización de las tasaciones;

c) Especificar políticas para créditos castigados y condonados;

d) Homogenizar la evaluación de la morosidad y comportamiento de pago, independientemente del tipo de crédito o tipo de deudor;

e) Incluir lineamientos específicos para la evaluación de Fideicomisos, como sujetos de crédito, en adición a los criterios que deben ser evaluados, como Mayores Deudores Comerciales;

f) Requerir que las entidades de intermediación financiera mantengan provisiones totales que cubran, por lo menos, el 100% de su cartera vencida;

g) Mantener los aspectos relativos a la reestructuración y modificación del esquema de clasificación de deudores, considerando su nivel de riesgo. Igualmente, se introducen las definiciones de refinanciamiento y renovación;

h) Requerir que las entidades de intermediación financiera cuenten con políticas y procedimientos internos, para la adecuada gestión de las garantías recibidas en respaldo de las operaciones crediticias, incluyendo lineamientos relacionados con la evaluación, valoración, formalización, registro, custodia, seguimiento, cancelación, liberación y ejecución de tales garantías, en vista de que se propone que las garantías admisibles mitiguen las provisiones de todos los tipos de crédito, a fin de mantener la coherencia en la gestión del riesgo de crédito; e,

i) Admitir la actualización de la metodología de evaluación para la cartera de inversiones, de forma que las entidades de intermediación financiera puedan invertir en instrumentos de emisores dominicanos o instrumentos emitidos en el país por emisores extranjeros, con calificación igual o mejor a ‘BBB-(dom) o su equivalente’, para largo plazo; y, ‘F3 (dom) o su equivalente’, para corto plazo, en la escala local de agencias calificadoras de riesgo registradas en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Para instrumentos emitidos en el extranjero por emisores extranjeros, la calificación debe ser de grado de inversión en la escala internacional de calificadoras reconocidas internacionalmente.

CONSIDERANDO que mediante la citada Primera Resolución, se autorizó la publicación para fines de recabar la opinión de los sectores interesados, de la referida propuesta de modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA). Como resultado de dicha consulta pública, se recibieron observaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA); la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc. (LIDAAPI); la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito de la República Dominicana, Inc. (ABANCORD); la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA); la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Inc. (ADOSAFI), la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD); la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas, Inc. (ASOFIDOM); el Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO); así como del Lic. Caonabo González, del Ing. Tasador José Ignacio Tejada y del Lic. Salvador Ramírez;

CONSIDERANDO que de las observaciones recibidas, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD) sugirió que se revisara nuevamente el proyecto de modificación del Reglamento de Evaluación de Activos, ya que el mismo no procuraba un mayor acceso al financiamiento competitivo por parte de las empresas productoras del país, esto es, el sector industrial;

CONSIDERANDO que con respeto a las propuestas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), esta se enfocó en el tema de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y la posibilidad de que las mismas no tengan acceso al crédito en la forma planteada en el proyecto, las cuales quedaron debidamente atendidas;

CONSIDERANDO que señala la Gerencia del Banco Central, que muchas de las observaciones recibidas coinciden en el tema de la segmentación de deudores comerciales, conforme a la clasificación de la referida Ley No.187-17 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), así como el tema de las certificaciones, límites de créditos, sobrendeudamiento, la apertura de las clasificaciones de riesgo, entre otros aspectos, que ya habían sido incluidos en la relatoría de los temas que serían pospuestos o aplazados. En tal sentido, se eliminaron los Artículos 11 y 12 de la propuesta, así como parte del Artículo 17, relativo a los usos de los factores de riesgo, lo cual implicó eliminar el tema completo de la capacidad de pago, para retomar nueva vez el contenido del Reglamento de Evaluación de Activos vigente, con algunas actualizaciones;

CONSIDERANDO que expresa la Gerencia del Banco Central, que otras observaciones recibidas fueron debidamente evaluadas, analizadas y ponderadas por el equipo técnico del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, las cuales fueron sometidas al conocimiento y decisión de la Junta Monetaria, solicitando sean acogidas, ya que por la relevancia de las mismas, fortalecerían su contenido. Las observaciones que se recomiendan sean incorporadas o mantenidas son las siguientes:

a) Mantener la segmentación de los deudores comerciales conforme al nivel de deuda consolidada en el sistema financiero, tal como se realiza en el Reglamento de Evaluación de Activos vigente;

b) Incorporar la categoría de mediano deudor comercial, que podrá acceder a un nivel de financiamiento consolidado igual o mayor a RD$25.0 millones hasta RD$40.0 millones, con una metodología de evaluación simplificada, considerando pérdidas operativas con relación al patrimonio ajustado del deudor;

c) Modificar el contenido de los requerimientos de documentación y la metodología de evaluación por tipo de deudor;

d) Reducir las categorías de riesgo de 9 a 6, manteniendo la apertura de la categoría D, en las categorías D1 y D2, por lo que los porcentajes de provisiones a ser requeridos, para cada categoría de riesgo, se establecerían en la forma siguiente:

Categoría

Porcentaje de Provisión

A

1%

B

3%

C

20%

D1

40%

D2

60%

E

100%

e) Incluir la definición de patrimonio ajustado del deudor, como aquel que se determina considerando los importes del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones, los aportes para futuras capitalizaciones y deuda subordinada, estos dos últimos bajo determinados prerrequisitos, descritos en la propuesta de modificación del Reglamento;

f) Adicionar los créditos de consumo con fines educativos, para que los mismos puedan otorgarse con un período de gracia por el tiempo de estudio, siempre que cuente con un garante solidario o una garantía admisible;

g) Modificar los criterios para la evaluación por capacidad de pago de los Mayores Deudores Comerciales, para eliminar alegadas situaciones de ambigüedad, disminuir elementos que se interpretan como subjetivos en el análisis y reducir la utilización de temporalidades indeterminadas. De manera particular, se introduce el indicador del flujo de efectivo operacional negativo como proporción del patrimonio ajustado. En este aspecto, se asumieron los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos vigente;

h) Modificar los porcentajes de mitigación de provisiones de las garantías admisibles, para que estas puedan absorber una proporción mayor de las provisiones constituidas para riesgo de crédito;

i) Agregar un Párrafo al Artículo 68 de la propuesta de modificación, de tal forma que la tasación de la garantía de bienes inmuebles, pueda ser efectuada por un tasador profesional, debidamente acreditado, empleado o no de la entidad de intermediación financiera, que esté inscrito en el Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO), Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), o en otro gremio de reconocido prestigio que agrupe estos profesionales, con acreditación de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV). Para estos casos, la entidad de intermediación financiera ofrecerá al deudor la opción de elegir entre el tasador de la entidad o el tasador independiente y tener la constancia de dicha elección; y,

j) Acoger propuesta del Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO), en el sentido de que las tasaciones sean apegadas a normas nacionales e internacionales, publicidad de los tasadores utilizados por las entidades de intermediación financiera y que se les permita obtener préstamos hipotecarios para vivienda, o para fines de solar y préstamo para vehículo, entre otras.

CONSIDERANDO que además el equipo técnico interinstitucional recomienda no acoger algunas propuestas recibidas de los sectores interesados, dentro de las que se encuentra la de los Profesionales pertenecientes al Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO), sugirieron, entre otros aspectos, incluir la definición de tasador, estableciendo que éste es una tercera persona profesional no sesgada que da la opinión de valor, da una consulta de valor o revisa el valor reportado en un informe, indicando que sería mandatorio que se incluya ese concepto en el Reglamento. Al respeto, señala el equipo técnico que las definiciones que se establecen en un reglamento, tienen por objeto aclarar cualquier concepto que pueda ser interpretado de manera distinta al propósito de la norma, por lo que el término tasador no cumple con esa característica, ya que su significado es ampliamente conocido;

CONSIDERANDO que la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) está estructurada en 10 Títulos, los cuales a su vez están conformados por Capítulos, en los que se establecen y desarrollan los criterios y la metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo asociado a sus activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos.

CONSIDERANDO que en atención a todo lo expuesto anteriormente la Gerencia del Banco Central es de opinión, que se podría acoger favorablemente la presente propuesta de modificación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), en razón de: i) que a esta propuesta se le han incorporado elementos que resultarían beneficiosos para profundizar las políticas de canalización de crédito impulsadas por la Administración Monetaria y Financiera, cónsono con las iniciativas que viene desarrollando el Gobierno dominicano para mejorar el acceso al crédito de todos los sectores; ii) que los temas más controversiales de la propuesta, que eran de preocupación de distintos sectores, conforme las observaciones presentadas al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, fueron discutidos y debidamente consensuados con el sector financiero; y, iii) que se cuenta con el consenso técnico del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, quienes evaluaron igualmente las demás observaciones recibidas, sugiriéndose la incorporación de las propuestas que tienden a mejorar y fortalecer el referido Reglamento.

Por tanto, la Junta Monetaria

R E S U E L V E:

 

1. Aprobar, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002 y sus modificaciones, la versión definitiva de la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), que tiene por finalidad establecer la metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito asociado a sus activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos, el cual se lee de la forma siguiente:

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVOS

 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO I

OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer la metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito asociado a sus activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002, de las disposiciones generales contenidas en la Ley No.6-06 de Crédito Público de fecha 20 de enero del 2006 y, la Ley No.141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de fecha 7 de agosto del 2015, así como de los demás reglamentos y normas complementarias que le sean aplicables.

Artículo 2. Alcance. El alcance de este Reglamento es definir los criterios, conceptos, variables y clasificaciones que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para la evaluación y medición del riesgo de la cartera de créditos, de inversiones, bienes recibidos en recuperación de créditos, cuentas contingentes y otros activos riesgosos, así como establecer los criterios de eliminación o castigo de las partidas irrecuperables del balance.

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Reglamento son aplicables a las entidades de intermediación financiera siguientes:

a) Bancos Múltiples;

b) Bancos de Ahorro y Crédito;

c) Corporaciones de Crédito;

d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos; y

e) Entidades Públicas de Intermediación Financiera.

 

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 4. Definiciones. Para fines de la aplicación de las disposiciones de este Reglamento, los términos y expresiones que se indican más adelante, tendrán los significados siguientes:

a) Activos: Son bienes o derechos de propiedad frente a terceros, incluyendo los activos fijos, conforme a las normas de la Superintendencia de Bancos;

b) Capacidad de endeudamiento: Es la capacidad máxima que tiene el deudor de asumir deudas sin que afecte su solvencia, tomando en consideración la relación de los gastos respecto a los ingresos totales. En ese sentido, corresponde al nivel máximo de endeudamiento que el deudor es capaz de cumplir sin poner en riesgo su posición económica en particular;

c) Capacidad de pago: Es la que tiene el deudor de generar por sí mismo, ingresos o flujos que le permitan atender oportunamente, el pago del capital y los rendimientos de sus obligaciones financieras;

d) Castigos: Son operaciones mediante las cuales las partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden;

e) Categoría o Clasificación de Riesgos: Es una estimación, que contempla aspectos cualitativos y cuantitativos, de la probabilidad de incumplimiento que presenta el deudor sobre sus obligaciones contractuales con las entidades de intermediación financiera acreedoras;

f) Crédito: Es una operación financiera en la que una entidad de intermediación financiera (acreedor), mediante un contrato suscrito con una persona física o jurídica (deudor), presta una cantidad determinada de dinero a una tasa de interés pactada y con el compromiso de ser pagado con las condiciones y plazos acordados;

g) Crédito revolvente: Es el que faculta al deudor el uso de fondos hasta un límite preautorizado, durante un período de tiempo, en el que no tiene establecido un número fijo de cuotas y cada pago que realiza aumenta la disponibilidad de fondos, tales como líneas de crédito, tarjetas de crédito, líneas para sobregiros, y otras operaciones crediticias similares;

h) Certificado de garantía fiduciaria: Es la constancia de ser beneficiario de un fideicomiso de garantía, cuyo subyacente es un activo que cumple con las características del Artículo 64 de este Reglamento;

i) Cobertura de garantía: Se entiende como el resultado de la razón entre el valor de realización de la garantía, respecto del saldo vigente de la operación crediticia;

j) Comportamiento de pago: Es la morosidad que presenta el deudor en la entidad y del sistema financiero al momento de la evaluación y el promedio de días de mora de los últimos 12 (doce) meses, asignándole al deudor la cantidad de días que resulte mayor entre la morosidad actual y el promedio de días de mora;

k) Cuota de fondos de inversión: Es cada una de las partes alícuotas, de igual valor y características, en las que se divide el patrimonio de un fondo de inversión y que expresa los aportes de los aportantes;

l) Condonación: Es una operación negociada en un acuerdo de pago, mediante la cual la entidad de intermediación financiera decide renunciar a su derecho de cobro, de un balance remanente, liberando del pago al deudor. Las condonaciones serán registradas contra el gasto o cuentas de orden, según corresponda;

m) Deudor: Es la persona física o jurídica que recibe el financiamiento directamente de la entidad de intermediación financiera;

n) Deudor comercial: Es la persona física o jurídica que por lo menos posee un crédito comercial;

o) Fideicomiso: Es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado llamado patrimonio fideicomitido, cuya administración o disposición será ejercida por el o los fiduciarios, según las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligación de restituirlos a la extinción del fideicomiso, a la persona designada en el referido acto o de conformidad con la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana;

p) Fideicomiso de fuente de pago: Es el que se constituye mediante la transferencia al patrimonio fideicomitido de un flujo futuro de recursos que asegure el ingreso de efectivo en forma periódica al fideicomiso, con los cuales se harán las reservas necesarias para atender el pago de las obligaciones financieras al acreedor, al que le han sido cedidos todos los derechos y han sido designados beneficiarios del Fideicomiso;

q) Fideicomiso en garantía: Es aquel en que los bienes integrados en el patrimonio fideicomitido están destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero. El fideicomisario, en su calidad de acreedor, puede requerir al fiduciario la ejecución o enajenación de acuerdo al procedimiento establecido en el acto constitutivo;

r) Garantías admisibles: Corresponden a las garantías reales que son aceptadas por las entidades de intermediación financiera para fines de computar o mitigar provisiones, las cuales deben cumplir con los criterios establecidos en el Artículo 64 y estar incluida en la Tabla No.5 del Artículo 66 de este Reglamento;

s) Garantías constituidas: Corresponden a las garantías cuyos contratos de préstamos se encuentran depositados en el Registro de Títulos de la jurisdicción correspondiente, en el caso de garantías hipotecarias y el Juzgado de Paz correspondiente, en el caso de garantías prendarias;

t) Garantías formalizadas: Son garantías para las cuales la entidad de intermediación financiera ha cumplido con los requisitos y procedimientos legales para ser oponible a terceros. En el caso de garantías hipotecarias, es cuando ha obtenido la certificación de registro de acreedores emitida por el Registro de Títulos. En lo referente a las garantías prendarias, la entidad de intermediación financiera debe tener en su poder el original de la inscripción efectuada ante el Juzgado de Paz del domicilio del deudor. En el caso de prenda sobre aeronaves, este contrato debe ser depositado en el Registro Nacional de Aeronaves del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Cuando se trate de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, será la Certificación del Depósito Centralizado de Valores en la cual los valores han sido pignorados a favor de la entidad de intermediación financiera;

u) Garantías no polivalentes: Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por tanto, presentan características que las hacen de difícil realización dado su origen especializado;

v) Garantías polivalentes: Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y presentan características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta;

w) Garantías reales: Corresponden a garantías que afectan un bien o un derecho para asegurar la recuperación de una obligación, tales como bienes muebles e inmuebles, instrumentos y valores financieros, como títulos u obligaciones de deuda de renta fija y cartas de crédito stand by emitidas por entidades de intermediación financiera; y no financieros, como cuentas por cobrar y facturas;

x) Garantía solidaria: Es en la que el avalista responde por el total de la deuda de igual forma que el titular del préstamo, es decir, que en caso de impago por parte del prestatario, la entidad de intermediación financiera reclamará el pago al avalista por el total de la deuda, quien estará obligado a pagar sin ninguna condición;

y) Grado de inversión: Se refiere a las calificaciones otorgadas por una compañía calificadora de riesgo, sobre los emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relación histórica de pago, se considera tienen buena calidad crediticia y suficiente capacidad de pago, por lo que son recomendadas para la inversión bajo condiciones normales;

z) Grupo de riesgo: Conforme lo dispone el literal a) del Artículo 47 de la Ley Monetaria y Financiera, se entenderá por grupo de riesgo, al conjunto de dos o más personas individuales o jurídicas, vinculadas o ligadas por razones de propiedad, administración, parentesco o control;

aa) Grupo económico: Es el grupo de riesgo que presenta vínculos de propiedad, administración, parentesco, control o responsabilidad crediticia, en el cual la actuación económica y financiera de sus integrantes, está guiada por intereses comunes del grupo o subordinados a éstos;

bb) Línea de crédito: Es una facilidad crediticia en virtud de la cual la entidad de intermediación financiera contrata con su cliente, hasta una cantidad determinada y por un período de hasta 12 (doce) meses, a concederle crédito mediante desembolsos, recibiendo como pago el reembolso de las sumas desembolsadas, intereses y otros gastos expresamente convenidos, la cual puede ser confirmada o avisada por la entidad de intermediación financiera;

cc) Liquidación judicial: Procedimiento judicial orientado a distribuir, en beneficio de los diferentes acreedores, el conjunto de bienes que conforman la masa de liquidación del deudor;

dd) Morosidad: Es el número de días de atraso que presenta una obligación crediticia, a partir del incumplimiento de pago del capital o intereses del deudor de una obligación dada, en un plazo de tiempo o fecha establecida contractualmente;

ee) Patrimonio ajustado del deudor: Es el que para su determinación considera los importes del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones, los aportes para futuras capitalizaciones y deuda subordinada. Los aportes para futuras capitalizaciones se considerarán siempre que estén autorizados de manera escrita por los aportantes a estos fines, reconociendo además la condición de que los fondos aportados no son sujetos de devolución. La formalización del recibo e ingreso de estos aportes para dichos fines por el deudor, deberá estar sustentado en el compromiso formal de los socios o accionistas de la misma, mediante acta de una Asamblea General de Accionistas correspondiente, consignando la aceptación de los mismos, haciendo constar el monto de los aportes y su condición de que los fondos no son sujetos de devolución;

ff) Patrimonio fideicomitido: Es el patrimonio constituido por los bienes o derechos, de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, corporal o incorporal, transferidos para la constitución de un fideicomiso y por los frutos que estos generen. El patrimonio fideicomitido es distinto al patrimonio del fideicomitente, del fiduciario, del fideicomisario o beneficiario o de cualquier otro patrimonio fideicomitido administrado por el fiduciario;

gg) Pérdida esperada: Es la estimada como el producto de las probabilidades de incumplimiento, la severidad de la pérdida dado el incumplimiento y la exposición al momento de incumplimiento que la entidad de intermediación financiera enfrenta. Es la porción de la cartera de créditos que es probable que no pueda ser recuperada, dados los factores y circunstancias existentes a la fecha de clasificación;

hh) Plan de reestructuración: Es el acuerdo aprobado por el tribunal y por las mayorías establecidas en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, que contiene el esquema de reestructuración y pagos que permita la corrección de la situación que generó el procedimiento y el descargo de las deudas en interés de las partes;

ii) Posición de cambio: Es la diferencia entre activos y pasivos, así como acreencias y obligaciones contabilizadas fuera de balance, denominados en moneda extranjera;

jj) Provisiones: Reservas de recursos contables realizadas por las entidades de intermediación financiera para hacer frente a pérdidas esperadas, asociadas a la cartera de créditos, inversiones en valores, otros activos, así como a las operaciones contingentes;

kk) Proyecto de inversión: Es al que se le asigna capital, insumos materiales, humanos y técnicos, con el objetivo de generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Los proyectos de inversión abarcan actividades, tales como construcción de activos, creación de nuevas empresas, entre otras, las cuales están orientadas a lograr el incremento de la producción de bienes y servicios en una determinada actividad económica;

ll) Reestructuración de crédito: Se considera reestructurado un crédito, cuando se le modifican los términos y condiciones de pagos del contrato original, motivado por un deterioro en la capacidad de pago del deudor o del comportamiento de pago, tales como ampliación de cantidad de cuotas, tasa de interés, plazo de vencimiento, o cuando el crédito es reemplazado por otro, pudiendo ser como resultado de la capitalización o no de los intereses, mora y otros cargos de un crédito anterior. No se considerará como reestructurado, cuando la entidad de intermediación financiera ajuste la tasa de interés de un número significativo de sus créditos, con el fin de adecuarla a las condiciones del mercado;

mm) Reestructuración judicial: Conforme dispone el Artículo 1 de la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, es el procedimiento mediante el cual se procura que el deudor que se encuentre en alguna de las situaciones previstas en la referida Ley, se recupere continuando con sus operaciones, preservando los empleos que genera, protegiendo y facilitando la recuperación de los créditos a favor de sus acreedores;

nn) Refinanciación: Es la modificación de los términos y condiciones de un crédito, como variaciones de tasa de interés, plazo o monto del contrato original, o el otorgamiento de un nuevo crédito para consolidación de deudas con la entidad o con el sistema financiero, donde el deudor no presenta deterioro de la capacidad de pago o del comportamiento de pago;

oo) Renovación: Es la ampliación del plazo respecto a las condiciones originalmente pactadas que se realiza a un crédito, sin que el deudor presente evidencia de deterioro en la capacidad de pago;

pp) Riesgo ambiental: Se refiere a la potencialidad de una acción de cualquier naturaleza que, por su ubicación, características y efectos, puede generar daños al entorno o a los ecosistemas, de conformidad con la Ley No.64-00, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del 2000;

qq) Riesgo de crédito: Es el que surge de la probabilidad de que una entidad de intermediación financiera incurra en pérdidas, debido al incumplimiento del prestatario o de la contraparte en operaciones directas e indirectas, que conlleva el no pago, el pago parcial o el atraso en el pago de las obligaciones contractuales, bien sea dentro o fuera de balance;

rr) Riesgo país: Es el que asume la entidad de intermediación financiera, al mantener o comprometer recursos en algún país extranjero por los eventuales impedimentos para obtener su recuperación, debido a factores que afectan a dicho país, como pueden ser circunstancias macroeconómicas, políticas o sociales, o por desastres naturales. El riesgo país comprende el riesgo de impago de la deuda externa soberana, y de la deuda externa privada cuando el riesgo de crédito se debe a circunstancias ajenas a la situación de solvencia o liquidez del deudor privado. Se refiere también al riesgo transfronterizo que enfrenta la entidad de intermediación financiera por asignar recursos a deudores domiciliados en el exterior;

ss) Servicio de la deuda: Es el monto de capital, intereses, comisiones y otros rendimientos que deben ser cubiertos por el deudor o el garante en el período de un año; y,

tt) Valores de fideicomiso: Son los valores de oferta pública emitidos por una sociedad autorizada, respaldados por fideicomisos de oferta pública previamente constituidos para ese fin, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Mercado de Valores y la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.

 

TÍTULO II

EVALUACIÓN DE ACTIVOS

 

CAPÍTULO I

CATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITOS

 

Artículo 5. Categorización de la cartera por tipo de créditos. Para evaluar la cartera de créditos, estos se dividen en los 3 (tres) grupos siguientes:

a) Créditos Comerciales: Son los otorgados a personas físicas o jurídicas, cuyo objeto es promover sectores de la economía, como: agropecuario, industrial, turismo, comercio, exportación, minería, construcción, comunicación, financieros y otras actividades económicas; así como los créditos otorgados a través de tarjetas de crédito corporativas y operaciones de reporto. Su administración requiere suficiente información y un continuo seguimiento por la complejidad que suelen presentar estas operaciones.

Párrafo: Cualquier acreencia asimilable a crédito que mantenga un deudor con una entidad de intermediación financiera, incluyendo las aceptaciones bancarias originadas por comercio exterior, debe ser considerada como crédito comercial, para efectos de su evaluación y clasificación.

b) Créditos de consumo: Son aquellos concedidos solo a personas físicas cuya fuente principal de ingresos provenga de salarios, remuneraciones por consultoría, rentas, alquileres, intereses por depósitos, rendimiento de inversiones, jubilaciones, entre otros, con el objeto de adquirir bienes o el pago de servicios. Su pago se realiza, normalmente, en cuotas iguales y sucesivas. Dentro de este grupo se incluyen las tarjetas de crédito personales.

 

Párrafo I: En los casos de financiamientos de solares adquiridos como inversión personal o familiar o para construir una vivienda en el futuro, deben ser considerados de consumo. Si en el futuro se toma otro crédito para construir la vivienda en dicho solar, el crédito será hipotecario.

Párrafo II: Si la finalidad de la compra del solar es construir viviendas para la venta o alquiler, entonces el préstamo es comercial. Cuando se trate de fincas productivas, deberán ser considerados como préstamos comerciales, independientemente de que sean otorgados a personas físicas.

Párrafo III: Los créditos de consumo que cuenten con garantía hipotecaria o de depósitos en la misma u otra entidad de intermediación financiera, son los únicos a los que se les permitirá el pago de capital a vencimiento.

 

Párrafo IV: Los créditos de consumo con fines educativos para una formación académica superior de grado, postgrado, maestría o doctorado, podrán otorgarse con un período de gracia durante el período de estudio, para la amortización del préstamo, siempre y cuando cuente con un garante solidario o una garantía admisible.

c) Créditos hipotecarios para la vivienda: Son créditos concedidos a personas físicas para la adquisición, reparación, remodelación, ampliación o construcción de viviendas, pagaderos generalmente en cuotas iguales y sucesivas, estructurados a largo plazo y, están amparados, en su totalidad, con garantía del mismo inmueble. Esta definición debe entenderse taxativamente, por lo que no comprende otro tipo de créditos, aun cuando estos se encuentren amparados con garantía hipotecaria, los que deberán clasificarse como créditos comerciales o de consumo, según corresponda.

 

Párrafo I: Cuando un deudor solicite un crédito hipotecario, teniendo 2 (dos) créditos hipotecarios activos en el sistema financiero, el mismo debe ser considerado como un crédito comercial.

Párrafo II: Los créditos otorgados para ampliación y remodelación de viviendas que no cuenten con garantía hipotecaria sobre el mismo inmueble, deben ser considerados créditos de consumo.

 

Artículo 6. Plazos y estructuración por tipo de créditos. Las entidades de intermediación financiera deben contar con políticas que establezcan la estructuración y los plazos de los créditos comerciales, de consumo e hipotecarios para la vivienda, incluyendo eventuales excepciones a la misma, conforme a la naturaleza y objeto del crédito, así como su apetito de riesgo.

CAPÍTULO II

SEGMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS POR TIPO DE

DEUDORES COMERCIALES

 

Artículo 7. Segmentación de deudores comerciales. Las entidades de intermediación financiera deberán segmentar los deudores comerciales en 3 (tres) grupos, en función de sus obligaciones consolidadas en el sistema, excluyendo las contingencias, conforme a lo siguiente:

a) Menores Deudores Comerciales, con obligaciones menores de RD$25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera;

b) Medianos Deudores Comerciales, con obligaciones iguales o mayores a RD$25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos dominicanos con 00/100) y menores a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera;

c) Mayores Deudores Comerciales, con obligaciones iguales o mayores a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

 

Artículo 8. Requerimientos de información y evaluación del deudor. Las entidades de intermediación financiera requerirán información y evaluarán los deudores y garantes, para fines de clasificación de riesgo, dependiendo del tipo de deudor y del crédito de que se trate, conforme a la tabla siguiente:

Tabla No.1

Requerimientos y evaluación de riesgo por tipo de deudor

Tipo de Deudor

Monto de la deuda consolidada en el sistema

Información requerida

Evaluación de riesgo

Menor Deudor Comercial

Menor a RD$5,000,000.00 (cinco millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

Declaración del patrimonio o estado de ingresos y gastos en español y en moneda nacional, firmados por el deudor, revisado por el oficial de crédito de la entidad.

Morosidad

Menor Deudor Comercial

Igual o mayor a RD$5,000,000.00 (cinco millones de pesos dominicanos con 00/100), y menor a RD$10,000,000.00 (diez millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

Estados Financieros en español y en moneda nacional, preparados por el Contador Público Autorizado de la empresa, cuando se trate de personas jurídicas, o contratado cuando se trate de personas físicas.

Morosidad

Menor Deudor Comercial

Igual o mayor a RD$10,000,000.00 (diez millones de pesos dominicanos con 00/100) y menor a RD$25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos dominicanos con 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

Estados Financieros en español y en moneda nacional, preparados por un Contador Público Autorizado independiente.

Morosidad

Mediano Deudor Comercial

Igual o mayor a RD$25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos dominicanos con 00/100), y menor a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos dominicanos con 00/100), o su equivalente en moneda extranjera.

Estados Financieros en español y en moneda nacional, auditados por una firma de auditoría independiente, conforme a las normas de contabilidad y auditoría adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

En el caso de personas físicas, se requieren Estados Financieros en español y en moneda nacional, auditados por una firma de auditoría independiente, los cuales deben contener una declaración patrimonial, un estado de ingresos y gastos y un estado de flujos de efectivo y las notas.

Comportamiento de pago.

Evaluación simplificada considerando pérdidas operativas y relación con el patrimonio ajustado

Mayor Deudor Comercial

Igual o mayor a RD$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos dominicanos con 00/100), o su equivalente en moneda extranjera.

Estados Financieros en español y en moneda nacional, auditados por una firma de auditoría independiente, conforme a las normas de contabilidad y auditoría adoptadas por el ICPARD.

En el caso de personas físicas, se requieren Estados Financieros en español y en moneda nacional, auditados por una firma de auditoría independiente, los cuales deben contener una declaración patrimonial, un

estado de ingresos y gastos y un estado de flujos de efectivo y las notas.

Capacidad de Pago

Comportamiento de pago

Riesgo país

Deudor de

Consumo e Hipotecario

Para todos los montos.

Asalariados, profesionales independientes, pensionados, personas que reciban rentas, alquileres, intereses por depósitos, rendimientos de inversiones, etc.

Carta de ingresos, certificaciones o estimaciones de ingresos conforme a los depósitos registrados en la entidad.

Declaración del patrimonio o estado de ingresos y gastos en español y moneda nacional, firmados por el deudor, revisado por el oficial de crédito de la entidad.

Morosidad

Párrafo I: Los Estados Financieros de los medianos y Mayores Deudores Comerciales, deben tener la constancia de la declaración jurada de Impuesto sobre la Renta, realizada a través de la Oficina Virtual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o el acuse de recibo del formulario físico presentado en la Administración Local de dicha institución.

Párrafo II: El requerimiento de información y la evaluación de los deudores, deben considerar también las disposiciones emitidas sobre debida diligencia y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

CAPÍTULO III

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE

LÍMITES DE CRÉDITOS POR TIPO DE DEUDOR

 

Artículo 9. Evaluación crediticia. Las entidades de intermediación financiera deben contar con políticas de crédito que establezcan el porcentaje de capacidad de pago y capacidad de endeudamiento, que se requiere como mínimo, para el otorgamiento o renovación de facilidades crediticias, tomando en consideración la exposición total del deudor en el sistema financiero.

Artículo 10. Riesgo de sobreendeudamiento. Las entidades de intermediación financiera deben establecer políticas y procedimientos que permitan evitar y mitigar el riesgo de sobreendeudamiento del deudor, tanto individual como a nivel del sistema financiero, asegurando que los límites y el monto de los créditos esté acorde a los ingresos personales o los flujos provenientes de la actividad económica del deudor y su capacidad de endeudamiento.

Párrafo: La Superintendencia de Bancos proporcionará diariamente a las entidades de intermediación financiera, la exposición consolidada del deudor en el sistema financiero, con base en las informaciones reportadas, el día anterior.

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES

Artículo 11. Evaluación del riesgo de la cartera de créditos comerciales . La evaluación del riesgo de la cartera de créditos comerciales se realizará sobre la base del análisis de los criterios establecidos en este Reglamento, asignando la categoría de riesgo que corresponda a cada deudor, tomando en consideración las condiciones particulares de cada crédito, a fin de estimar una provisión que cubra las pérdidas esperadas de esta cartera. La evaluación del deudor se realizará sobre la base de la totalidad de sus deudas con la entidad de intermediación financiera y en el sistema financiero, de forma que exista una única clasificación para cada deudor. Las garantías otorgadas por el deudor en ningún caso podrán modificar su clasificación.

SECCIÓN I

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MAYORES

DEUDORES COMERCIALES

 

Artículo 12. Evaluación de los Mayores Deudores Comerciales . El otorgamiento de facilidades crediticias y clasificación de riesgo estará determinado por la evaluación de la capacidad de pago de los deudores, la cual estará definida por su flujo de efectivo, flujo de fondos proyectados, antecedentes crediticios, la capacidad de endeudamiento, el entorno económico, la capacidad del deudor para hacer frente a sus obligaciones ante variaciones en el tipo de cambio o en su entorno comercial, político o regulatorio, la calidad de la gerencia de la empresa y las clasificaciones asignadas por las demás entidades de intermediación financiera del sistema financiero nacional.

Párrafo: La Superintendencia de Bancos procederá a consolidar las obligaciones por grupos de riesgo, cuando encuentre evidencia de que un mismo deudor distribuye obligaciones entre empresas relacionadas para evadir el cumplimiento de los límites establecidos en el Reglamento sobre Concentración de Riesgos vigente.

Artículo 13. Evaluación de garantes solidarios. Para los medianos y Mayores Deudores Comerciales que cuenten con garantía solidaria, ejecutable a primer requerimiento, las entidades de intermediación financiera deben evaluar la capacidad de pago de dicho garante, con los mismos criterios de evaluación del deudor garantizado.

Párrafo I: Cuando el garante solidario esté radicado en el exterior, se podrá utilizar la calificación en escala internacional otorgada por una calificadora de riesgo o será evaluado con base en sus estados financieros auditados del país de origen. Las entidades de intermediación financiera podrán asignar la clasificación de riesgo del garante, al deudor de la entidad.

Párrafo II: Para determinar la clasificación de riesgo equivalente del garante con calificación en escala internacional, se utilizará la Matriz No.1 de este Reglamento.

Artículo 14. Informaciones financieras de Mayores Deudores Comerciales . Las entidades de intermediación financiera deben requerir a sus Mayores Deudores Comerciales, informaciones financieras por lo menos semestralmente y establecer rutinas permanentes para mantener información confiable y homogénea respecto de los mismos, pues de otra forma, la falta de ésta significará una clasificación de riesgo alto, con su consecuente efecto patrimonial.

Artículo 15. Evaluación de Fideicomisos como sujetos de crédito. La evaluación de un Fideicomiso como mayor deudor comercial sujeto de crédito debe considerar, además de los aspectos aplicables en este Capítulo, como mínimo los elementos siguientes:

a) Calidad y experiencia del fiduciario, tomando en consideración la calidad de la gestión administrativa, carácter empresarial, sistema de información, entre otros;

b) Verificar que el objeto, las obligaciones y responsabilidades de las partes estén claramente definidas en el acto constitutivo del fideicomiso y revisarse las cláusulas que pudieran impactar negativamente la recuperación del crédito por parte de la entidad de intermediación financiera; y,

c) Perspectivas y capacidad de repago del financiamiento;

Párrafo I: Para los fideicomisos de desarrollo inmobiliario, en adición a los requerimientos anteriores, se deben tomar en consideración los siguientes:

a) Características del contrato del fideicomiso con relación a la empresa constructora que ejecutará el proyecto, incluyendo el monitoreo por parte del fiduciario, posibilidad de sustituir a quien ejecutará el proyecto, entre otros;

b) Existencia de avales o garantías para el cumplimiento del contrato por parte de la empresa constructora o del ejecutor del proyecto, incluyendo la calidad del avalista o garante y las condiciones para la ejecución del aval o garantía, entre otros; y,

c) Evaluación de quién ejecutará el proyecto, incluyendo la experiencia y trayectoria en dicha actividad y clasificación de riesgo que posee en entidades del sistema financiero, entre otros.

 

Párrafo II: Las entidades de intermediación financiera no pueden utilizar la figura del fideicomiso, como mecanismo para aprobar exposiciones crediticias con personas físicas o jurídicas, que no sean sujeto de crédito.

 

Artículo 16. Factores de riesgo. La evaluación del mayor deudor comercial consistirá en el análisis cuantitativo y cualitativo que cada entidad de intermediación financiera efectuará de las variables esenciales respecto a los mismos, con la finalidad de establecer su solvencia y liquidez, es decir, su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias, mediante información suficiente y confiable, a través de los factores de riesgo siguientes:

a) Capacidad de pago;

b) Comportamiento de pago; y,

c) Riesgo país.

 

Artículo 17. Uso de los factores de riesgos. Los factores de riesgos a que se refiere este Reglamento, serán los utilizados por las entidades de intermediación financiera para evaluar la calidad crediticia de cada Mayor Deudor Comercial. Estos podrán ser ampliados cuando se considere pertinente realizar una evaluación más profunda. El uso de factores adicionales a los establecidos en este Reglamento, en ningún momento mejorará la clasificación del deudor.

 

 

 

SECCIÓN II

DE LOS FACTORES DE RIESGOS

 

Artículo 18. Capacidad de Pago . El análisis de la capacidad de pago corresponde a la evaluación del deudor para generar por sí mismo ingresos o flujos que le permitan atender, oportunamente, sus obligaciones financieras y no financieras en situaciones normales y realizar escenarios adversos o estudios de sensibilidad para créditos a plazos mayores de 12 (doce) meses, considerando las características del entorno económico en que éste se desenvuelve y los demás aspectos que se indican más adelante en este Reglamento.

Párrafo I: Para la evaluación de la capacidad de pago de los Mayores Deudores Comerciales, las entidades de intermediación financiera deben desarrollar, documentar e implementar sus propias metodologías de evaluación de la capacidad de pago, considerando en el caso de que aplique, el entorno económico, la calidad de la gestión administrativa y estructura corporativa, y la situación financiera y económica.

Párrafo II: Para análisis de capacidad de pago de los deudores que no posean un historial financiero, por tratarse de empresas de nueva creación, de proyectos de inversión o de empresas de propósitos especiales creadas para desarrollar un determinado proyecto, la entidad de intermediación financiera debe realizar el análisis de sensibilidad sobre la base de proyecciones financieras actualizadas y debidamente justificadas, tomando en consideración la estructura de capital, calidad gerencial, patrocinadores del proyecto y capacidad de pago.

Párrafo III: Adicionalmente, se deben realizar comparaciones entre el nivel de avance efectivamente alcanzado respecto a lo estimado y evaluar la manera en que ello afecta los flujos de caja proyectados. Se debe revisar también, si los accionistas han comprometido los montos estipulados en los acuerdos originales, que las premisas del proyecto se encuentran aún vigentes y si las condiciones del mercado no han cambiado de manera que el proyecto resulte poco viable.

Artículo 19. Aspectos para la evaluación de capacidad de pago. Para la evaluación de la capacidad de pago deberá tomarse en consideración, en los casos que aplique, lo siguiente:

a) Entorno económico. El análisis del entorno económico corresponderá a la evaluación de factores exógenos al deudor, como los económicos, político-legales, tecnológicos y medioambientales que pudiesen impactar el desempeño futuro del deudor, afectando así su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

 

Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera, al realizar este análisis deben considerar las variables de la industria, sector económico y mercado inherentes al giro de negocios del deudor, a fin de identificar los riesgos a que éstos podrían exponerse ante cambios en dichas variables. También deben conocer la naturaleza del negocio o industria del deudor, los riesgos asociados a sus operaciones, sus objetivos estratégicos y posición competitiva.

 

Párrafo II: A criterio de la entidad de intermediación financiera, el análisis debe realizarse sobre la base de la información oficial disponible, proveniente de las asociaciones gremiales u otras fuentes, así como de las informaciones internas que posean respecto a los participantes del sector. Los aspectos a considerar como referencia, en los casos que apliquen, para el análisis del sector incluyen los elementos siguientes:

 

i. Evolución del sector;

ii. Tendencias y riesgos asociados;

iii. Participantes actuales y potenciales;

iv. Nuevas tecnologías;

v. Fluctuaciones estacionales;

vi. Productos sustitutos; y,

vii. Perspectiva futura.

b) Calidad de la gestión administrativa y estructura corporativa . El análisis de la calidad de la gestión administrativa corresponde a la evaluación de la experiencia y cualificación de la Alta Gerencia y del personal clave de la empresa en el contexto del giro del negocio del deudor, su estructura organizacional, cultura corporativa, así como las prácticas gerenciales de la misma. La evaluación debe cubrir, como referencia, en los casos que apliquen:

 

i. Formación académica, competencias profesionales, integridad y experiencia;

ii. Compromisos administrativos fuera de la empresa;

iii. Expectativas sobre el desempeño futuro del negocio y su actividad operativa;

iv. Funciones y responsabilidades;

v. Líneas de rendición de cuentas y proceso de toma de decisiones; y,

vi. Adecuación de los planes de sucesión.

c) Situación económica y financiera. El análisis de la situación económica y financiera del deudor corresponderá a la evaluación de la adecuación del patrimonio y del flujo de efectivo del mismo, enfatizando la sostenibilidad de sus ingresos y su capacidad de cubrir el servicio de la deuda, con la finalidad de determinar cómo las tendencias significativas pudiesen impactar la habilidad del deudor para cumplir con sus obligaciones. La evaluación del flujo de efectivo neto después de operaciones, será considerada como un elemento clave para evaluar la razonabilidad y factibilidad del flujo de fondos proyectados.

 

Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera deben evaluar los posibles efectos de los riesgos financieros relacionados a los descalces en moneda, plazos y tasas de interés reflejados en los estados financieros del deudor que pudiesen repercutir en su capacidad de pago, incluyendo las operaciones con instrumentos financieros derivados. Estas evaluaciones deben considerar situaciones normales y escenarios adversos o estudios de sensibilidad. Para los deudores en moneda extranjera no generadores de divisas, deberán considerar las variaciones significativas desfavorables en el tipo de cambio.

 

Párrafo II: Para el análisis de la situación económica y financiera del deudor, es necesario utilizar indicadores financieros, los cuales deben evaluarse de manera conjunta, aunque con diferenciación en su relevancia en función del tipo de compromiso financiero de que se trate y ser analizados en el contexto del sector económico en el que se desempeña el deudor, conforme se indica a continuación:

 

c.1. Flujos de efectivo y flujos de fondos proyectados. Se debe evaluar la capacidad del deudor de generar flujos de efectivo provenientes de las operaciones normales de la empresa, es decir, a través de su actividad o giro principal, sin necesidad de recibir flujos financiados directa o indirectamente por terceros. Para ello se debe tomar en consideración los flujos proyectados del deudor, para créditos con plazos mayores a 12 (doce) meses. Al evaluar el flujo de efectivo se debe tomar en consideración el giro del negocio y las decisiones financieras o de negocios que el deudor pudiese tomar que afecten directamente sus niveles de efectivo.

i. En adición, se debe evaluar la fortaleza financiera, así como, la estabilidad y continuidad de las fuentes principales de ingresos. La efectividad del análisis dependerá de la calidad y oportunidad de la información.

ii. En el análisis del flujo de efectivo, se debe verificar si los resultados del mismo, sean suficientes o no, se debe a un comportamiento del sector económico en particular, una condición estacional del deudor, o se corresponden a las operaciones normales del negocio, a los fines de determinar, la situación financiera real y efectiva del mismo. El análisis de flujos de efectivo debe basarse en el indicador del flujo de efectivo neto después de operaciones / intereses, comisiones y la porción corriente de la deuda a largo plazo.

iii. Se debe analizar también el flujo operativo de la empresa en los 2 (dos) últimos años.

iv. Si el deudor mantiene obligaciones en moneda extranjera, se debe incorporar en la evaluación del riesgo crediticio que pudiera afectar el flujo de efectivo del deudor, por variaciones en el tipo de cambio.

 

c.2. Liquidez. El análisis de la liquidez del deudor consistirá en la evaluación de su habilidad y capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Este se centrará en el análisis de la estructura de activos corrientes y pasivos corrientes y la capacidad del deudor para convertir los activos corrientes en efectivo para cubrir sus compromisos de pago de corto plazo. Se debe realizar un análisis histórico de la tendencia y evolución de las razones financieras siguientes:

 

i. Razón de Liquidez = activo circulante / pasivo circulante;

ii. Prueba Ácida = activo circulante - inventario / pasivo circulante; y,

iii. Capital de Trabajo = activo circulante - pasivo circulante.

 

Párrafo. Si el deudor mantiene obligaciones en moneda extranjera, se debe incorporar en el análisis de la liquidez, la evaluación de la posición de cambio que mantiene, con la finalidad de medir los efectos que tendría la variación del tipo de cambio en sus flujos financieros.

c.3. Apalancamiento. El propósito del análisis del apalancamiento del deudor será conocer el estado actual de su endeudamiento respecto de sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo, a fin de conocer la viabilidad de pago de los mismos, así como, el uso otorgado a los recursos obtenidos mediante el apalancamiento. Para conocer su evolución histórica dentro de los últimos 2 (dos) años, será fundamental el uso de las razones financieras siguientes:

 

i. Pasivo total / Activo total;

ii. Pasivo total / Patrimonio ajustado;

iii. Pasivo circulante / Pasivo total;

iv. Pasivo circulante / Deuda de largo plazo; y,

v. Endeudamiento bancario / Patrimonio ajustado.

 

Párrafo I: Este análisis debe incluir una evaluación histórica de las fuentes de fondeo de sus operaciones (fondos generados internamente, líneas de crédito, préstamos a plazo), incluyendo el detalle de las garantías cedidas y covenants o compromisos, así como prácticas de repago y nivel de capitalización de la empresa, e incluir los compromisos con acreedores del país y del exterior, y su nivel de cumplimiento en el pago de dichas deudas.

Párrafo II: Si el deudor mantiene obligaciones en moneda extranjera, se debe incorporar en el análisis del apalancamiento, la evaluación de la posición de cambio que mantiene, con la finalidad de medir los efectos que tendría la variación del tipo de cambio en sus flujos financieros.

 

Párrafo III: En caso que el deudor muestre en sus estados financieros deudas subordinadas, éstas solo podrán ser consideradas como parte del patrimonio ajustado del deudor si cumplen con las condiciones siguientes: i) ser de largo plazo; ii) que su vencimiento sea mayor a la vigencia del crédito; iii) que no esté sujeta a redención anticipada; iv) que estén disponibles para absorber pérdidas; y, v) que en caso de un proceso de liquidación, serán redimidas después de pagarle a los acreedores ordinarios;

c.4. Rentabilidad y Eficiencia Operativa. Se buscará conocer las fuentes principales que generan las utilidades del deudor e identificar los principales factores que las han impactado, sobre la base de un análisis detallado de los ingresos y gastos pasados y presentes de la empresa. Se debe evaluar la volatilidad y sostenibilidad de las fuentes de ingresos provenientes del giro del negocio, así como la participación y origen de los ingresos y gastos extraordinarios. Debe realizarse un análisis histórico de la evolución de las razones financieras siguientes:

 

i. Utilidad neta / Activo total;

ii. Utilidad neta / Patrimonio ajustado; y,

iii. Utilidad neta / Ventas.

 

Párrafo I: De la misma manera, se debe realizar el análisis histórico y comparativo de la eficiencia de la empresa en la operación de su negocio, considerando la concentración y antigüedad de las cuentas por cobrar, así como la obsolescencia y durabilidad de los inventarios, a través de las razones financieras siguientes:

i. Rotación de inventarios;

ii. Rotación de cuentas por cobrar; y,

iii. Rotación de cuentas por pagar.

 

Párrafo II: Se deben tomar en cuenta también, descalces en moneda extranjera de activos y pasivos, de ingresos y gastos de los deudores, así como los factores externos que introduzcan vulnerabilidades en el comportamiento normal de los mismos.

Párrafo III: El análisis de los indicadores financieros señalados, debe considerar las observaciones reveladas en el informe de los auditores externos. Asimismo, para el análisis financiero indicado en este Artículo, deben considerarse únicamente las fuentes de ingreso estables de la empresa, eliminando los ingresos esporádicos o de carácter extraordinario; deben considerar las tendencias de los indicadores financieros y determinar si corresponden a situaciones coyunturales o son el reflejo de una situación financiera deteriorada.

Artículo 20. Clasificación de capacidad de pago. Una vez evaluados los distintos factores de riesgo que determinan la capacidad de pago del deudor, las entidades de intermediación financiera deben clasificar su capacidad de pago de acuerdo a los criterios siguientes:

Tabla No.2

Clasificación de la capacidad de pago del Mayor Deudor Comercial

 

 

Clasificación “A”

 

La capacidad de pago del deudor es fuerte y no se esperan cambios significativos de carácter negativo en el futuro próximo. Esta situación proviene de un flujo de efectivo excedente, ya que el flujo operativo del negocio cubre ampliamente los intereses, comisiones y la porción corriente de la deuda a largo plazo, así como no se observan problemas para el repago de las fuentes de financiamiento para el capital de trabajo.

 

En adición se observan: (i) niveles de liquidez creciente o, al menos, estables en los últimos años y por encima de los promedios de la industria; (ii) los niveles de apalancamiento no resultan preocupantes y sus usos son claramente utilizados para los fines para los que fueron originados; (iii) las razones financieras de apalancamiento, rentabilidad y eficiencia, están por encima de los promedios de la industria y han tenido una evolución satisfactoria en los últimos ejercicios.

En los casos en que el financiamiento sea en moneda extranjera no se prevé que las variaciones en la tasa de cambio puedan afectar negativamente su flujo de efectivo, ya que el deudor genera ingresos en moneda extranjera o sus flujos de caja operacionales le permiten hacer frente a una eventual depreciación. Mantiene asimismo, niveles de posición de cambio y políticas de cobertura favorable, que le permiten estar protegidos contra variaciones razonables esperadas en la tasa de cambio.

Luego de evaluar su capacidad de pago, un deudor solo podrá permanecer en esta categoría, si la situación de la industria es fuerte y estable, y si se observa crecimiento en los principales indicadores financieros de los últimos años con tendencias positivas y estables. Las condiciones macroeconómicas tienen un impacto positivo sobre los principales indicadores de la industria, por lo que no se prevé que las variaciones en la tasa de cambio, la tasa de interés y el nivel general de precios tengan un impacto significativo sobre la estabilidad del sector.

Clasificación “B”

 

La capacidad de pago del deudor se considera aceptable, pero está empezando a mostrar algunas debilidades potenciales, no significativas, que pueden ser corregidas en el corto plazo, incluyendo la solicitud ocasional, pero no recurrente de renovaciones, no justificadas por las condiciones financieras de la empresa. Esto proviene de un flujo de efectivo en equilibrio, suficiente para cubrir el pago de intereses, comisiones y la porción corriente de la deuda a largo plazoasí como no se observan problemas para el repago del capital de trabajo.

No obstante, el deudor puede presentar un flujo de efectivo insuficiente o negativo durante el último período fiscal, debido a una decisión financiera justificada, por el giro del negocio y la estrategia de la empresa, que no pone en riesgo el repago del servicio de la deuda.

Se observan niveles de efectivo disponibles para cubrir las obligaciones de mediano plazo. De esta manera, se evidencia un uso de fuentes secundarias que no provienen de la operación primaria o giro de la empresa, para cubrir sus obligaciones. La liquidez, a pesar de considerarse como aceptable, presenta algunas debilidades y su tendencia se ha empezado a empeorar en el último período fiscal, pero no de manera significativa y se espera una pronta recuperación de las fuentes primarias de liquidez.

Las razones financieras se corresponden con los promedios de la industria y con respecto de la naturaleza propia del negocio. Las debilidades observadas en dichas razones, son temporales y sujetas a mejoramiento de corto plazo. En los préstamos en moneda extranjera, aunque refleja similar características del deudor calificado como A, es posible que variaciones bruscas en la tasa de cambio pudieran afectar sus flujos en el corto plazo, pero sin deteriorar su capacidad de pago.

Luego de evaluar su capacidad de pago, un deudor solo podrá permanecer en esta categoría, si la situación de la industria es buena. Sin embargo, se observan algunas debilidades de corto plazo. Si bien las condiciones macroeconómicas pueden impactar negativamente la condición financiera del sector, se consideran que tales impactos serán menores, con relación a los indicadores financieros de corto plazo.

Clasificación “C”

Se observa una capacidad de pago con deterioro en los últimos 2 (dos) períodos fiscales. Es decir, el deudor presenta debilidades financieras identificadas que ponen en riesgo su capacidad de enfrentar sus obligaciones de pago, esto se evidencia, entre otros, por la reiterada solicitud de renovaciones no justificadas por la condición financiera del deudor o morosidad en el resto del sistema.

Se evidencia una clara dependencia en las fuentes secundarias de generación de flujo para hacer frente a dichas obligaciones, ya que el flujo operativo es insuficiente o negativo y su tendencia ha sido insatisfactoria en los últimos 2 (dos) períodos fiscales.

Las razones financieras de la empresa se consideran por debajo de los promedios de la industria y con respecto a la naturaleza del negocio.

El deudor reporta pérdidas operativas o netas, que representan hasta el 10% (diez por ciento) del patrimonio ajustado.

En los financiamientos en moneda extranjera, se observa que la posición de cambio del deudor o de política de cobertura se ha deteriorado o podría ser deteriorada temporalmente y su flujo de caja muestra sensibilidad a las variaciones en la tasa de cambio que lo afectan negativamente.

Luego de evaluar su capacidad de pago, un deudor solo podrá permanecer en esta categoría, si la industria presenta un deterioro transitorio en sus principales indicadores financieros, deterioro que se espera tenga una mejora en un plazo definido con base en una evolución satisfactoria de los principales factores macroeconómicos (tasa de cambio, tasas de interés, nivel de precios).

Se clasificarán en este nivel de riesgo, los deudores que no hayan entregado los estados financieros auditados, transcurridos 6 (seis) meses después de su último cierre fiscal.

Clasificación “D1”

 

Se observa una capacidad de pago con deterioro en los últimos 2 (dos) períodos fiscales. El deudor presenta debilidades financieras identificadas que han puesto en riesgo su capacidad de enfrentar la totalidad de sus obligaciones de pago.

El flujo operativo es negativo, reporta pérdidas operativas o netas, que representan hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado. Se evidencia una creciente necesidad de recurrir a fuentes secundarias para hacer frente a las obligaciones de pago, las razones de liquidez están por debajo de los promedios de la industria y el apalancamiento se encuentra por encima respecto a los promedios del sector.

En los préstamos en moneda extranjera, se observa que la posición de cambio del deudor es significativamente desfavorable, por lo que la variación en el tipo de cambio, incrementa el deterioro de su capacidad de pago.

La industria presenta un serio deterioro en sus principales indicadores financieros. Se observa que las condiciones macroeconómicas han impactado negativamente los indicadores financieros del sector y no se prevén claras posibilidades de una recuperación en el mediano plazo.

Se clasificarán en este nivel de riesgo los deudores que no hayan entregado los estados financieros auditados, transcurridos 12 (doce) meses después de su último cierre fiscal.

Clasificación “D2”

 

Se observa una capacidad de pago con mayor deterioro en los últimos 2 (dos) períodos fiscales. El deudor presenta una situación financiera, que pone en riesgo su capacidad de enfrentar la totalidad de sus obligaciones de pago.

El flujo operativo es negativo, reporta pérdidas operativas o netas, que representan hasta el 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio ajustado. Se evidencia una creciente necesidad de recurrir a fuentes secundarias para hacer frente a las obligaciones de pago, las razones de liquidez están significativamente por debajo de los promedios de la industria y el apalancamiento se encuentra por encima respecto a los promedios del sector.

En los préstamos en moneda extranjera, se observa que la posición de cambio del deudor es desfavorable, por lo que la variación en el tipo de cambio, incrementa el deterioro de su capacidad de pago.

La industria presenta un deterioro más acentuado en sus principales indicadores financieros. Las condiciones macroeconómicas han impactado negativamente los indicadores financieros del sector y no se prevén claras posibilidades de una recuperación en el mediano plazo.

Se clasificarán en este nivel de riesgo, los deudores que no hayan entregado los estados financieros auditados, transcurridos 18 (dieciocho) meses después de su último cierre fiscal.

 

Clasificación “E”

 

La capacidad de pago del deudor es crítica, su flujo de caja no alcanza a cubrir sus costos de producción y el deudor se encuentra en cesación de pagos u obligado a vender activos importantes para continuar en operaciones.

Asimismo se incluyen en esta categoría, los deudores que presenten una de las características siguientes:

Se encuentran sometidos a un proceso de liquidación judicial, conforme a la Ley No.141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, de fecha 7 de agosto del 2015;

Reportan pérdidas operativas o netas que representan un monto mayor del 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio ajustado, y no existen probabilidades de mejora para solventar las obligaciones financieras, y las variaciones en la tasa de cambio, incrementan el deterioro de su situación financiera; y,

La información financiera presentada en los estados financieros auditados del deudor, presenta una opinión negativa o adversa, o los auditores se abstienen de emitir una opinión.

Se clasificarán en este nivel de riesgo, los deudores que no hayan entregado sus estados financieros auditados, transcurridos 24 (veinticuatro) meses después de su último cierre fiscal, de quienes no existe información financiera o la misma no es confiable y relevante para evaluar su capacidad de pago.

Artículo 21. Comportamiento de Pago. El análisis de la experiencia de pagos del deudor, evalúa el comportamiento de pago del deudor con la entidad de intermediación financiera y del sistema financiero. Tratándose de experiencia de pago, se debe considerar, cuando menos los últimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha en que se esté evaluando el deudor y se deben tomar en cuenta las renovaciones concedidas, no justificadas por las condiciones financieras de la empresa. Si el deudor no presenta mora en razón de que reporta recurrentes renovaciones, entonces debe ser tomado en cuenta para definir el comportamiento histórico de pago de un deudor. Asimismo, se deben considerar los créditos restructurados, castigados o cualquier otro antecedente que permita evaluar el historial del deudor con la entidad de intermediación financiera y el resto del sistema financiero.

Párrafo I: La evaluación del comportamiento de pago se realizará tomando como referencia la morosidad del deudor de conformidad a la Tabla No.3 de este Reglamento y el historial de pago en el sistema financiero, en el transcurso del año anterior a la fecha de la evaluación.

Párrafo II: La Superintendencia de Bancos proporcionará mensualmente a las entidades de intermediación financiera, la información relativa al historial de pago en el sistema financiero y el proceso de alineación de categorías de riesgo de los deudores.

Artículo 22. Clasificación de comportamiento de pago. La clasificación del nivel de riesgo para el comportamiento de pago del deudor, se realizará tomando en consideración la morosidad que presenta el deudor en la entidad al momento de la evaluación y el promedio de días de mora de los últimos 12 (doce) meses, asignándole al deudor la cantidad de días que resulte mayor, entre la morosidad actual y el promedio de días de mora en el sistema, para obtener la clasificación correspondiente, de conformidad a la tabla siguiente:

 

Tabla No. 3

Comportamiento de Pago

 

Clasificación

Morosidad

A

Deudores con mora hasta 30 días

B

Deudores con mora desde 31 a 60 días

C

Deudores con mora desde 61 a 90 días

D1

Deudores con mora desde 91 a 180 días

D2

Deudores con mora desde 181 a 270 días

E

Deudores con mora mayor a 270 días

 

Artículo 23. Riesgo país. La evaluación del riesgo país se realizará tomando en consideración lo siguiente:

a) Deudores domiciliados en el exterior; y,

b) Inversiones directas en el exterior.

 

Párrafo I: El análisis debe estar documentado y las conclusiones respecto al nivel de riesgo asociado a las exposiciones, deben presentarse de forma tal que representen una base razonable para que el personal responsable de la toma de decisiones determine la naturaleza y nivel de exposición al riesgo país. Las conclusiones respecto al nivel de riesgo país, deben reflejar una evaluación del efecto de las condiciones económicas, políticas y sociales sobre los deudores.

Párrafo II: Las carpetas de las operaciones que representen exposiciones al riesgo país, deben contar con la constancia del análisis y de las revisiones correspondientes, indicándose los niveles jerárquicos que intervinieron en la elaboración y en la aprobación de las conclusiones.

Párrafo III: Para los deudores domiciliados en el país, cuyas operaciones de negocios estén concentradas en más de un 50% (cincuenta por ciento) en un mismo país del exterior, las entidades deberán establecer en su política de crédito, la metodología para el ajuste de la capacidad de pago dependiendo del riesgo país identificado.

Artículo 24. Factores a considerar en el análisis del riesgo país. El análisis del riesgo país debe incluir el riesgo soberano y el riesgo de transferencia. Éste corresponderá a la evaluación de cada país respecto a su capacidad de enfrentar compromisos financieros, su acceso al mercado de crédito y el grado de estabilidad macroeconómica, sobre la base de información de los últimos 2 (dos) años.

Artículo 25. Clasificación del riesgo país. La clasificación del riesgo país, se realizará tomando como base la evaluación de riesgo país que debe realizar la entidad de intermediación financiera o la última calificación de riesgo soberano de largo plazo, publicada por las agencias calificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente; escogiéndose aquella calificación que resulte de mayor riesgo de ambas.

Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera, para asignar la clasificación del riesgo país, deben utilizar las equivalencias de calificaciones de riesgos conforme la matriz siguiente:

 

Matriz No. 1

Equivalencia de clasificación deuda soberana

con las clasificaciones de riesgo país

Calificación

Calificación

Calificación

Niveles

Correspondientes

Aaa

AAA

AAA

A

Aa1, Aa2, Aa3

AA

AA

A

A1, A2 y A3

A

A

A

Baa1, Baa2 y Baa3

BBB

BBB

A

Ba1, Ba2 y Ba3

BB

BB

B

B1, B2 y B3

B

B

B

Caa1, Caa2 y Caa3

CCC

CCC

C

Ca

CC

CC

C

Ca

C

C

D1

C

D

SD/D

D2

No Rating

DR/No Rating

No Rating

E

Párrafo II: Cuando existan dos o más calificaciones distintas de un mismo país, se aplicará la de mayor riesgo.

Párrafo III: Cuando el país evaluado solo cuente con una calificación de corto plazo, ésta solo puede utilizarse para las operaciones crediticias cuya fecha de vencimiento esté dentro del plazo que abarca la calificación de corto plazo.

Artículo 26. Clasificación de riesgo. Las entidades de intermediación financiera, una vez evaluados y clasificados los mencionados factores de riesgo, deben clasificar al deudor en uno de los niveles de riesgo siguientes: A, B, C, D1, D2, y E. Asimismo, con el fin de obtener la clasificación del deudor antes mencionada, deberán seguir la metodología de clasificación siguiente:

a) Obtener una clasificación con base en los resultados de las clasificaciones de la capacidad de pago y el comportamiento de pago, conforme a la matriz siguiente:

 

Matriz No.2

Clasificación de riesgo inicial del deudor

 

 

 

Clasificación de la capacidad de pago

 

Clasificación del comportamiento de pago

 

A

B

C

D1

D2

E

 

A

A

B

C

D1

D2

E

 

B

A

B

C

D1

D2

E

 

C

B

C

C

D1

D2

E

 

D1

C

D1

D1

D1

D2

E

 

D2

D1

D2

D2

D2

D2

E

 

E

D2

E

E

E

E

E

 

 

b) Para los deudores con clasificación de riesgo país, las entidades de intermediación financiera deben obtener la clasificación del deudor utilizando la clasificación obtenida en el literal a) de este Artículo y la clasificación del riesgo país, con base en la matriz siguiente:

 

Matriz No.3

Clasificación de deudores con riesgo país

 

 

 

Clasificación del deudor sin riesgo país

 

Clasificación de riesgo país

 

A

B

C

D1

D2

E

A

A

B

C

D1

D2

E

B

B

B

C

D1

D2

E

C

C

C

C

D1

D2

E

D1

D1

D1

D1

D1

D2

E

D2

D2

D2

D2

D2

D2

E

E

E

E

E

E

E

E

 

Artículo 27. Clasificación única . La clasificación del deudor será única, independientemente de las características de cada una de sus operaciones crediticias y el estado actual de las garantías adscritas a dichas operaciones, siendo ésta la clasificación de cada operación crediticia.

Artículo 28. Cambios de clasificación de riesgo . La clasificación de riesgo de los Mayores Deudores Comerciales deberá estar actualizada, por lo tanto, las entidades de intermediación financiera deben realizar los cambios a las clasificaciones de riesgo que surjan de las autoevaluaciones, ya sea para mejorar o deteriorar. La información financiera auditada actualizada y el análisis correspondiente, debe ser utilizada para la próxima autoevaluación trimestral.

Artículo 29. Alineación de Mayores Deudores Comerciales. Las entidades de intermediación financiera deben consultar la clasificación de referencia publicada por la Superintendencia de Bancos. En los casos que dicho Organismo Supervisor verifique que un mayor deudor comercial haya sido reportado con diferencia en la clasificación de riesgo en más de un nivel de riesgo, informará a las entidades que deben alinear el mismo a la clasificación de referencia, permitiéndose hasta 1 (un) nivel de clasificación de diferencia. Los montos que representen menos del 10% (diez por ciento) del total del balance del deudor en el sistema financiero no serán considerados para fines de determinar el nivel de divergencia.

Párrafo: La alineación debe ser realizada en la siguiente autoevaluación de riesgo, así como la constitución de provisiones correspondientes.

SECCIÓN III

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

DE LOS MEDIANOS DEUDORES COMERCIALES

Artículo 30. Evaluación de los Medianos Deudores Comerciales. La evaluación del riesgo de la cartera de créditos de Medianos Deudores Comerciales, se realizará considerando un análisis de indicadores financieros, conforme a las políticas de crédito de cada entidad y el requerimiento de provisiones estará determinado por el comportamiento de pago a la fecha de la clasificación de cada una de las operaciones comerciales del deudor en la entidad de intermediación financiera, debiendo asignarse a éste, una única clasificación. La clasificación se realizará conforme a la Tabla No.3 de este Reglamento, sobre comportamiento de pago.

Párrafo: Una vez determinada la clasificación inicial de los Medianos Deudores Comerciales por comportamiento de pago, la entidad deberá ajustar la clasificación de riesgo, si el deudor presenta cualquiera de las condiciones de la matriz siguiente:

Matriz No.4

Clasificación de Riesgo para Medianos Deudores Comerciales

 

 

Clasificación Inicial por Comportamiento de Pago

Deudores reportan pérdidas operativas o netas, que con relación al patrimonio ajustado, representa:

Hasta el

10%

Mayor del 10% hasta el 25%

Mayor del 25% hasta el 50%

Mayor del

50%

A

C

D1

D2

E

B

C

D1

D2

E

C

C

D1

D2

E

D1

D1

D1

D2

E

D2

D2

D2

D2

E

E

E

E

E

E

 

SECCIÓN IV

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

DE LOS MENORES DEUDORES COMERCIALES

Artículo 31. Evaluación de los Menores Deudores Comerciales. La evaluación del riesgo de la cartera de créditos de Menores Deudores Comerciales, se realizará considerando la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las operaciones comerciales del deudor en la entidad de intermediación financiera, debiendo asignarse a éste, una única clasificación. La clasificación se realizará conforme a la Tabla No.3 de este Reglamento, sobre comportamiento de pago.

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE

CRÉDITOS DE CONSUMO

 

Artículo 32. Evaluación y clasificación de la cartera de créditos de consumo. La evaluación del riesgo de la cartera de créditos de consumo, se realizará considerando la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las operaciones de consumo del deudor en la entidad de intermediación financiera, debiendo asignarse a éste, una única clasificación con base en la peor morosidad. La clasificación se realizará conforme a la Tabla No.3 de este Reglamento, sobre comportamiento de pago.

Artículo 33. Evaluación y clasificación de la cartera de tarjetas de créditos . La evaluación del riesgo de la cartera de tarjetas de créditos, se realizará considerando la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las tarjetas de créditos del deudor en la entidad de intermediación financiera, debiendo asignarse a éste, una única clasificación con base en la peor morosidad. La clasificación se realizará conforme a la Tabla No.3 de este Reglamento, sobre comportamiento de pago.

CAPÍTULO VI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LA VIVIENDA

 

Artículo 34. Evaluación y clasificación de la cartera de créditos hipotecarios para la vivienda. La evaluación del riesgo de la cartera de créditos hipotecarios para la vivienda, se realizará considerando la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las operaciones hipotecarias del deudor en la entidad de intermediación financiera, debiendo asignarse a éste, una única clasificación con base en la peor morosidad. La clasificación se realizará conforme a la Tabla No.3 de este Reglamento, sobre comportamiento de pago.

Párrafo: Cuando la entidad de intermediación financiera administre una cartera de créditos hipotecarios para la vivienda, que sean subyacentes de valores hipotecarios titularizados, la misma debe seguir realizando la autoevaluación de la cartera, para determinar su clasificación y requerimiento de provisiones de manera informativa y reportarla conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos.

CAPÍTULO VII

CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA

 

Artículo 35. Reestructuración de cartera de créditos. Las entidades de intermediación financiera, deben contar con políticas y procedimientos para la reestructuración de créditos, que definan, entre otros aspectos, el nivel de autoridad competente para su aprobación. En adición, el sistema de información gerencial debe permitir identificar cada una de las operaciones reestructuradas y proporcionar información sobre el análisis en el cual se fundamentó la decisión de reestructurar e información sobre la evolución de las mismas.

Artículo 36. Identificación de créditos reestructurados. Un crédito se considerará como reestructurado, cuando las entidades de intermediación financiera modifiquen los términos y condiciones de pagos del contrato original de un crédito y el deudor presente al menos una de las situaciones siguientes:

a) Presenta morosidad en la entidad de intermediación financiera o en el sistema financiero, igual o mayor a 60 (sesenta) días y el monto de la deuda que presenta morosidad en el sistema financiero, representa más del 10% (diez por ciento) de la deuda consolidada;

b) Su situación económica y financiera se ha deteriorado con base en el resultado del análisis de los indicadores financieros y los flujos de fondos proyectados; y,

c) Las fuentes de ingresos para el repago de la deuda se han visto afectadas.

Artículo 37. Clasificación de riesgo de créditos reestructurados . Las entidades de intermediación financiera, para asignar la clasificación de riesgo a los créditos reestructurados, deben considerar la clasificación vigente al momento de reestructurar la deuda o la que surja de los días de mora del crédito al momento de reestructurar, o la peor de ambas, de conformidad con la tabla siguiente:

 

Tabla No.4

Clasificación de riesgo de deudores reestructurados

 

Clasificación

Morosidad

B

Deudores con mora hasta 30 días

C

Deudores con mara desde 31 a 60 días

D1

Deudores con mora desde 61 a 90 días

D2

Deudores con mora desde 91 a 180 días

E

Deudores con mora desde 181 días en adelante

 

 

Párrafo I: La clasificación de riesgo del crédito reestructurado, debe ser la clasificación asignada a todos los créditos del deudor dentro del mismo tipo de cartera.

Párrafo II: Los créditos reestructurados podrán ser modificados en una categoría de menor riesgo, cuando presenten evidencia de pago sostenido de al menos 3 (tres) cuotas en los tiempos estipulados, conforme a las condiciones pactadas en el contrato crediticio o pagaré y podrá seguir mejorando una clasificación a la vez, hasta la clasificación “A” en la medida en que se mantenga este comportamiento. Para los Mayores Deudores Comerciales, se requerirá, en adición la evaluación de la capacidad de pago, comportamiento de pago y riesgo país, para la mejora en la clasificación de riesgo.

Párrafo III: El pago de las cuotas de los créditos reestructurados mejorará la clasificación de riesgo, en la medida que se verifique que el deudor, en el mismo período, no presenta una mayor utilización de las líneas de crédito o la obtención de nuevos créditos con la entidad de intermediación financiera. Si se evidencia una de estas condiciones, la mejoría en la clasificación de riesgo podrá llegar a clasificación “A”.

Párrafo IV: La reestructuración debe ser realizada por una unidad independiente de quienes aprobaron el crédito originalmente y debe ser reportada en los estados financieros de manera separada del resto de las operaciones vigentes.

Párrafo V: Si la reestructuración corresponde a personas físicas o jurídicas vinculadas a la entidad de intermediación financiera, debe ser conocida y aprobada por el Comité de Crédito e informada al Consejo, o aprobada por éste en los casos que le corresponda por el límite de aprobación interna. Igual tratamiento se dará cuando la reestructuración consista en la sustitución del deudor por otro que forme parte del mismo grupo de riesgo.

Párrafo VI: En caso de que la reestructuración de un crédito incluya la capitalización de intereses y otras comisiones y cargos, el importe de los mismos no se reconocerá como ingreso y se constituirán las provisiones correspondientes por el mismo monto.

CAPÍTULO VIII

CUENTAS CONTINGENTES

 

Artículo 38. Cuentas contingentes. Son las operaciones por las cuales la entidad de intermediación financiera ha asumido riesgos crediticios o está sujeta a una condición que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y generarle obligaciones frente a terceros, tales como: garantías otorgadas (fianzas y avales), cartas de crédito emitidas sin depósito previo no negociadas, cartas de crédito confirmadas no negociadas, líneas de crédito de utilización automática, entre otros.

Artículo 39. Contabilización de cuentas contingentes. En la medida que se hayan efectuado desembolsos, estas partidas no deben contabilizarse en cuentas contingentes, sino dentro de las partidas de los activos de la entidad de intermediación financiera, ya sea como créditos, inversiones u otras cuentas, aún cuando estén sin formalizar. Ante esta situación, dichas operaciones deben estar sometidas al proceso de clasificación de créditos e inversiones de la entidad de intermediación financiera y deben constituirse las provisiones que correspondan por los riesgos que se determinen, o registrar los gastos según el caso.

Artículo 40. Operaciones contingentes sujetas a evaluación de riesgo . Las entidades de intermediación financiera, deben considerar como parte de las obligaciones sujetas a evaluación, la totalidad de las cuentas contingentes, conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores, en función de la clasificación otorgada a dicho deudor en el proceso de evaluación, constituyendo las provisiones que correspondan.

Párrafo: En el caso de las líneas de créditos correspondientes a las tarjetas de crédito personales y corporativas, el saldo no utilizado registrado como contingencia correspondiente a deudores clasificados en categorías A y B, se considerará el 20% (veinte por ciento) del saldo registrado para fines de constitución de provisiones. Para los deudores clasificados en categoría de riesgo C, D1, D2 y E, que a la fecha de su evaluación no se le haya suspendido la línea de crédito, se debe considerar el 100% (cien por ciento) del saldo registrado como contingencia.

Artículo 41. Líneas de créditos comerciales. Las entidades de intermediación financiera deben considerar los lineamientos generales siguientes:

a) Los créditos desembolsados con posterioridad al vencimiento de líneas de créditos que no hayan sido renovadas, la entidad de intermediación financiera debe considerarlos como vencidos y deberá regresarlos a la cartera vigente, cuando se regularice la situación;

b) Para los desembolsos de líneas de créditos que no sean de renovación automática, las entidades deben analizar si el deudor cuenta con flujos estables, que le permitan cubrir el servicio de la deuda, incluyendo el nuevo desembolso; y,

c) Las entidades de intermediación financiera clasificarán como mínimo con grado de riesgo “C” las operaciones que, bajo el amparo de líneas de créditos u otras operaciones, se hayan utilizado para el pago, total o parcial, del saldo de otra operación reconocida como vencida del mismo cliente o de clientes relacionados bajo el concepto de riesgo común (nexos patrimoniales) con la propia entidad de intermediación financiera o con las demás entidades del sistema financiero. Dicha clasificación podrá ser mejorada en una categoría, siempre que el deudor muestre evidencia de pago sostenido en por lo menos 3 (tres) cuotas del nuevo cronograma de pago.

 

CAPÍTULO IX

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LA CARTERA DE INVERSIONES

 

Artículo 42. Clasificación de riesgo de la cartera de inversiones. Las inversiones que las entidades de intermediación financiera realicen en instrumentos de emisores dominicanos o instrumentos emitidos en el país por emisores extranjeros, deben ser calificados igual o mejor a ‘BBB-(dom) o su equivalente’, para largo plazo; y, ‘F3 (dom) o su equivalente’, para corto plazo, en la escala local de agencias calificadoras de riesgo registradas en la Superintendencia de Valores. Para instrumentos emitidos en el extranjero por emisores extranjeros, la calificación debe ser de grado de inversión en la escala internacional de calificadoras reconocidas internacionalmente y su clasificación de riesgo equivalente será “A”.

Párrafo I: Cuando existan dos o más calificaciones distintas para un mismo emisor, se aplicará la de mayor riesgo.

Párrafo II: Quedan exceptuadas del requisito de calificación de riesgo otorgada por una agencia calificadora de riesgo registradas en la Superintendencia de Valores, las inversiones en depósitos a plazos en las entidades de intermediación financiera.

Párrafo III: Las inversiones que realicen las entidades de intermediación financiera, deben estar colocadas en mercados líquidos y transparentes para posible negociación de sus instrumentos financieros.

Párrafo IV: En los casos que la entidad de intermediación financiera realice una inversión, cuyo emisor sea un deudor comercial en la entidad, la clasificación de riesgo corresponderá a la otorgada como Mayor Deudor Comercial.

Artículo 43. Calificación de riesgo de las inversiones de valores hipotecarios titularizados . Los valores hipotecarios titularizados que recibe el originador en un proceso de titularización de cartera de créditos hipotecarios para la vivienda, pueden tener una calificación de mayor riesgo de ‘BBB-(dom) o su equivalente’, para largo plazo; y, ‘F3 (dom) o su equivalente’, para corto plazo, en la escala local de agencias calificadoras de riesgo registradas en la Superintendencia de Valores.

Artículo 44. Clasificación equivalente de riesgo de las inversiones. Las entidades de intermediación financiera deben asignar la clasificación de riesgo de las inversiones, de acuerdo a la equivalencia en la matriz siguiente:

Matriz No.5

Equivalencia para emisiones locales

 

Calificación

Calificación

Calificación

Clasificación equivalente

Largo

Plazo

Corto

Plazo

Largo Plazo

Corto Plazo

 

Largo Plazo

 

Corto Plazo

 

 

A

AAA

 

1+

AAA

 

C-1+

AAA(dom)

 

F1+(dom)

AA+

AA+

AA+(dom)

AA

 

1

AA

AA(dom)

AA-

AA-

AA-(dom)

A+

 

1

A+

 

C-1

A+(dom)

 

F1(dom)

A

A

A(dom)

A-

 

2

A-

C-2

 

A-(dom)

 

F2(dom)

 

B

BBB+

BBB+

BBB+(dom)

BBB

3

BBB

C-3

 

BBB(dom)

F3(dom)

B

BBB-

BBB-

BBB-(dom)

BB+

 

 

4

BB+

 

C-4

 

BB+(dom)

 

 

B(dom)

 

C

BB

BB

BB(dom)

BB-

BB-

BB-(dom)

B+

B+

B+(dom)

B

B

B(dom)

B-

B-

B-(dom)

CCC

 

C

 

CCC(dom)

 

C(dom)

 

C

CC(dom)

C(dom)

DD

 

D

 

RD(dom)

RD(dom)

D1

D(dom)

D(dom)

D2

E

5/E

E

C-5

n.a

n.a

E

 

Artículo 45. Registro contable de la cartera de inversiones . Las entidades de intermediación financiera deben proceder con el registro contable de sus inversiones, conforme a los lineamientos establecidos en el “Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras” emitido por la Superintendencia de Bancos.

 

CAPÍTULO X

CONTROL Y MEDICIÓN DE OTROS ACTIVOS

Artículo 46. Suspensión del reconocimiento de rendimientos. Los rendimientos por cobrar, tanto de créditos como de inversiones, forman parte inherente de las obligaciones que los distintos tipos de deudores y emisores poseen con la entidad y solo deberán ser considerados como ingresos, cuando no exista duda razonable de su recuperación. Las entidades de intermediación financiera deben suspender el reconocimiento de intereses por el método de lo devengado, cuando se presente al menos una de las situaciones siguientes:

a) Un crédito haya cumplido más de 90 (noventa) días de mora; y,

b) La solicitud de reestructuración de un deudor es aceptada por el tribunal y haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, acorde con la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

Artículo 47. Provisiones de los rendimientos por cobrar. Las provisiones de carácter genérico que dispone este Reglamento, deben aplicarse sobre los saldos de rendimientos por cobrar de los créditos e inversiones.

 

TÍTULO III

DEUDORES EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN,

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS COMERCIANTES

 

Artículo 48. Notificación de que un deudor comercial se encuentra en proceso de reestructuración. Las entidades de intermediación financiera que hayan sido notificadas de que un deudor comercial se encuentra en un proceso de reestructuración, el cual ha sido aceptado por parte del tribunal y adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, acorde con lo establecido en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, no deberán degradar o afectar la clasificación de riesgo del deudor, ni de las facilidades crediticias, así como constituir nuevas provisiones, aún cuando el deudor no esté cumpliendo con sus pagos.

Párrafo: El monto de provisiones de referencia para establecer el nivel a partir del cual no se constituirán nuevas provisiones, será el monto previsto al momento de la solicitud de reestructuración, conforme a lo establecido en el Artículo 233 de la Ley de Restructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

Artículo 49. Otorgamiento de nuevas facilidades a un deudor comercial en proceso de reestructuración. Las entidades de intermediación financiera podrán otorgar nuevas facilidades crediticias a un deudor comercial que se encuentre en proceso de conciliación y negociación acorde con lo dispuesto en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, para asegurar la continuidad de las operaciones ordinarias y conforme con lo establecido en la política interna de la entidad. El otorgamiento de nuevas facilidades crediticias a deudores comerciales que se encuentren en proceso de reestructuración, deberá estar sujeto a la previa presentación por parte del deudor, de la autorización otorgada por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia a cargo de dicho proceso, para contratar nuevas facilidades.

Párrafo I: Las nuevas facilidades crediticias otorgadas a deudores comerciales que se encuentren en el proceso de reestructuración, previamente señalado, no deberán tener una clasificación de menor riesgo a la que tiene el deudor con la entidad. En estos casos donde una empresa o persona física en proceso de reestructuración no sea un deudor previo de la entidad, ésta deberá evaluar dicho deudor de conformidad con los lineamientos establecidos en el Capítulo IV del Título II y el Título VI de este Reglamento, relativos a evaluación de deudores y a la constitución de provisiones, respectivamente.

Párrafo II: Los Mayores Deudores Comerciales acogidos a un plan de reestructuración acorde con lo establecido en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, no estarán sujetos al proceso de alineación de clasificación de riesgo.

Párrafo III: Cuando los deudores comerciales que se encuentren en proceso de restructuración, cuenten con líneas de créditos aprobadas y las mismas tengan recursos disponibles para desembolsos, la entidad podrá realizar los desembolsos restantes, sujeto a la previa presentación por parte del deudor, de la autorización otorgada por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia a cargo del proceso, relativo al otorgamiento de nuevas facilidades. La entidad de intermediación financiera podrá reservarse el derecho de realizar dichos desembolsos, en la medida que las condiciones contractuales de dichas líneas establezcan que las mismas son irrevocables.

Párrafo IV: Quedan excluidos los productos contingentes irrevocables emitidos previo a la notificación de que el deudor se encuentra en un proceso de reestructuración, los cuales deberán ser declarados por los acreedores frente al conciliador, dentro del plazo establecido por la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

Artículo 50. Constitución de nuevas garantías sobre activos de un deudor comercial en proceso de reestructuración. Para la constitución de nuevas garantías sobre los activos de deudores comerciales que se encuentren en un proceso de reestructuración, a los fines de garantizar el pago de facilidades de crédito existentes o de nuevos financiamientos, incluyendo garantías sobre bienes ya gravados, la entidad de intermediación financiera deberá contar con la previa autorización otorgada por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia.

Artículo 51. Suspensión del reconocimiento de rendimientos. La entidad de intermediación financiera suspenderá el reconocimiento de rendimientos por el método de lo devengado, a los créditos de los deudores comerciales desembolsados antes de la aceptación de la solicitud de reestructuración y de la apertura del proceso de conciliación y negociación. Esta suspensión se mantendrá hasta tanto se apruebe el plan de reestructuración o se convierta en liquidación judicial, acorde con lo establecido en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

Párrafo: Lo establecido en este Artículo no será de aplicación para nuevos créditos y nuevos desembolsos de facilidades crediticias, posterior a la notificación de que el deudor se encuentra en un proceso de reestructuración.

Artículo 52. Mejora de la clasificación de riesgo de deudores comerciales en proceso de reestructuración. En los casos en que un deudor se mantenga durante por lo menos 3 (tres) cuotas contentivas de capital e intereses, de manera consecutiva, cumpliendo con los pagos establecidos en el plan de reestructuración, o se concluya con éste sin que pase a un proceso de liquidación judicial, las entidades de intermediación financiera deberán evaluar al deudor y sus créditos comerciales, pudiendo mejorar su clasificación, así como constituir las provisiones correspondientes, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Capítulo IV del Título II y el Título VI de este Reglamento, relativos a evaluación de deudores y a la constitución de provisiones, respectivamente.

Párrafo. En caso de un deterioro o incumplimiento posterior a una mejora de clasificación durante el proceso de reestructuración, las entidades de intermediación financiera deberán asignar la clasificación de riesgo correspondiente, siendo la peor clasificación la establecida al inicio del proceso de reestructuración.

Artículo 53. Notificación de la sentencia que ordena la liquidación judicial . Las entidades de intermediación financiera que les sean notificadas la sentencia que ordena la apertura de la liquidación judicial, dejarán sin efecto las suspensiones establecidas en el Artículo 54 de la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, y este Reglamento. Asimismo, podrán reanudar las acciones en el punto procesal en el que se encontraban al momento de la solicitud de reestructuración. De igual forma, las entidades deberán evaluar al deudor y sus créditos, así como constituir las provisiones correspondientes, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Capítulo IV del Título II y el Título VI de este Reglamento, relativos a evaluación de deudores y a la constitución de provisiones, respectivamente.

Artículo 54. Información sobre deudores que se encuentren sometidos a un plan de reestructuración o en liquidación judicial. Las entidades de intermediación financiera deberán remitir las informaciones de los deudores y sus créditos que se encuentren sometidos a un plan de reestructuración o en liquidación judicial, al amparo de la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, y conforme lo establecido para tales fines en este Reglamento, atendiendo a las disposiciones contenidas en el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos.

TÍTULO IV

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN,

ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN DE LAS GARANTIAS

 

CAPÍTULO I

DE LAS GARANTÍAS

 

Artículo 55. Sobre las garantías. Las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, serán consideradas como un elemento secundario, por lo que a pesar de formar parte integrante del proceso crediticio, no serán tomadas en consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias. Cada entidad de intermediación financiera debe mantener un registro actualizado de las mismas, con los antecedentes necesarios que demuestren su existencia, ubicación y tasación, cuando corresponda.

Artículo 56. Gestión de las garantías. Las entidades de intermediación financiera deben contar con políticas y procedimientos internos, para la adecuada gestión de las garantías recibidas en respaldo de las operaciones crediticias, con el objetivo de asegurar que éstas sean en todo momento un mitigador efectivo del riesgo de crédito asumido. En ese sentido, deben incluir en sus políticas, lineamientos relacionados con la evaluación, valoración, formalización, registro, custodia, seguimiento, cancelación, liberación y ejecución de tales garantías.

Artículo 57. Verificación de las garantías. Las entidades de intermediación financiera, con anterioridad a la formalización de las operaciones crediticias y durante la vida del crédito, deben realizar las verificaciones necesarias a los fines de determinar las características y situación real de las garantías.

Artículo 58. Evaluación de las garantías . Las entidades de intermediación financiera, para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada bien recibido en garantía, deben considerar, como mínimo, factores como: su naturaleza, valor de mercado, cobertura y liquidez de las mismas y requerir tasaciones al momento del otorgamiento del crédito, con una antigüedad no mayor a 1(un) año.

Artículo 59. Formalización de garantías. Las garantías deben estar legalmente formalizadas a favor de la entidad de intermediación financiera que otorgue el crédito y, cuando corresponda, deben contar con pólizas de seguro vigentes, endosadas a su favor, incluyendo las condiciones y coberturas que se hayan requerido.

Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera podrán aceptar garantías en primer rango. En el caso de que exista algún gravamen, la entidad podrá compartir el primer rango o inscribirse por debajo de los otros rangos, siempre que la misma cuente con la autorización expresa de los acreedores previos.

Párrafo II: Las garantías hipotecarias deben estar respaldadas por los certificados de título que acrediten la existencia de un derecho real y de titularidad sobre el inmueble, emitido por el registrador de títulos correspondiente, en un plazo no mayor de 1(un) año después de haber sido realizado el depósito para la inscripción hipotecaria en el Registro de Títulos. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia de Bancos, siempre que la entidad de intermediación financiera demuestre que la falta de su obtención no es por causa imputable a ella.

Párrafo III: Las entidades de intermediación financiera deben cumplir con las normativas complementarias emitidas por la Superintendencia de Bancos, para fines de control y formalización de garantías.

Artículo 60. Custodia de las garantías. Las entidades de intermediación financiera deben implementar procedimientos para la conservación preventiva de la documentación que sustenta la formalización de las garantías recibidas. En caso de que la entidad de intermediación financiera sea depositaria de los bienes dados en garantía, ésta deberá tomar todas las medidas necesarias para que estos se encuentren debidamente protegidos.

Artículo 61. Seguimiento y control de las garantías. Las entidades de intermediación financiera deben contar con un área o funcionario responsable del seguimiento y control de las garantías, para que realice visitas periódicas, a fin de verificar la situación real de las mismas. La Superintendencia de Bancos verificará que las entidades de intermediación financiera mantengan registros que evidencien el cumplimiento con lo dispuesto en este Artículo.

Artículo 62. Garantías como mitigantes de pérdidas. Las entidades de intermediación financiera deben evaluar cada una de las operaciones crediticias del deudor en relación al valor de las garantías admisibles adscritas a ellas, solamente con el fin de estimar una probable pérdida.

Artículo 63. Tipos de garantías admisibles. Las garantías que un deudor otorgue para el resguardo de sus operaciones, para ser consideradas admisibles, deberán estar constituidas por bienes muebles o inmuebles, así como por títulos valores públicos, valores emitidos por entidades financieras, avales o fianzas, fideicomisos en garantías, valores de fideicomisos, certificados de garantía fiduciaria, fideicomisos de fuente de pago, certificados de garantías recíprocas, cuotas de participación de fondos de inversión y cartas de crédito stand-by. Estas últimas deben cumplir con los requisitos siguientes:

a) Que se trate de cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola presentación;

b) Que la entidad emisora se encuentre calificada con grado de inversión, por una empresa calificadora de riesgo registrada en la Superintendencia de Valores o una calificadora reconocida internacionalmente;

c) Que la entidad emisora se encuentre sometida a supervisión en base consolidada;

d) Que la entidad emisora no sea vinculada o coligada a la entidad de intermediación local. Las sucursales de bancos extranjeros que operen en el país, no se incluyen dentro de esta calificación; y,

e) Que se haya verificado la autenticidad del documento.

 

Artículo 64. Admisibilidad de las garantías. Los bienes recibidos en garantía, para ser admisibles, deben contar con la documentación actualizada que las avale. Dichas garantías deben reunir los requisitos siguientes:

a) Ejecutable, que estén debidamente constituidas;

b) Enajenable, que existe un mercado que facilite su rápida realización;

c) Valorable, susceptible de medición y tasación;

d) Transferible sin costos excesivos;

e) Estable en su valor, es decir, que se mantenga en el tiempo el valor mínimo garantizable; y,

f) Aseguradas, en caso de que por su propia naturaleza así lo requiera.

 

Artículo 65. Polivalencia de las garantías. Las garantías recibidas por las entidades de intermediación financiera, serán clasificadas en polivalentes y no polivalentes, en función de sus múltiples usos y facilidad de realización.

Artículo 66. Porcentajes de admisibilidad del valor de las garantías. Las garantías admisibles deben ser consideradas con el fin de conocer la cobertura del saldo del capital más intereses del crédito con relación al valor de la garantía. Para este efecto, las entidades de intermediación financiera deben considerar al valor de mercado de la garantía, el porcentaje correspondiente conforme a la tabla siguiente:

 

 

Tabla No.5

Porcentajes de admisibilidad de garantías

 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Garantía

Porcentaje de Admisibilidad

Polivalente/No Polivalente

Títulos representativos de deuda emitidos o garantizados por el Estado dominicano (Banco Central, Ministerio de Hacienda)

100%

Polivalente

Títulos representativos de deuda emitidos por entidades de intermediación financiera

95%

Polivalente

Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de la propia entidad de intermediación financiera

100%

Polivalente

Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de otras entidades de intermediación financiera

95%

Polivalente

Avales o fianzas, cartas de crédito de exportación/importación irrevocables y cartas de crédito stand by

95%

Polivalente

Certificados de Garantías Recíprocas

80%

Polivalente

Cuotas de participación de Fondos de Inversión

De acuerdo a los activos que conforman el patrimonio

De acuerdo a los activos que conforman el patrimonio

BIENES INMUEBLES

Garantía hipotecaria/fiduciaria

Porcentaje de Admisibilidad

Polivalente/No Polivalente

Solares o terrenos

80%

Polivalente

Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios

80%

Polivalente

Edificios residenciales, viviendas o apartamentos

80%

Polivalente

Edificios y locales comerciales

80%

Polivalente

Hoteles en operación

80%

Polivalente

Proyectos hoteleros en construcción

70%

Polivalente

Naves industriales

80%

Polivalente

Zonas francas

60%

No Polivalente

BIENES MUEBLES

 

Garantía prendaria/fiduciaria/hipotecaria*

Porcentaje de Admisibilidad

Polivalente/No Polivalente

Aeronaves **

80%

Polivalente

Vehículos de motor con antigüedad menor a 5 años

50%

Polivalente

Vehículos pesados

50%

No Polivalente

Equipos de Energías Renovables:

- Paneles fotovoltaicos

- Molinos de viento

- Absorbedores de calor para refrigeración

- Calentadores solares para agua y/o aceite térmico

- Plantas de generación de energía eléctrica

- Gasificadores de biomasa

- Equipos conexos de conversión de corriente directa de paneles solares a corriente alterna

- Equipos de generación eléctrica de ciclo orgánico rankine

- Equipos de almacenamiento de energía eléctrica o térmica

- Paneles parabólicos o planos para concentración de energía solar

- Biodigestores

- Calderas de biomasa, briqueteadoras de biomasa, máquinas para fabricar “pellets” de biomasa

- Calentadores para uso agro e industrial que usan biomasa como combustible

- Motores de combustión interna para biogás y gas de síntesis

- Motores de pistones a presión de vapor

- Turbinas hidráulicas sumergibles o no para corrientes marinas o de agua fresca

- Flotadores oscilantes para generación de energía eléctrica con olas marinas

- Aerogeneradores y equipos conexos para su instalación y otros similares

80%

Polivalente

* La clasificación como garantía hipotecaria solo aplica para aeronaves.

** Las aeronaves deberán estar aseguradas por una compañía aseguradora de primera línea, autorizada por la Superintendencia de Seguros. La póliza de seguro deberá estar endosada a favor de la entidad de intermediación financiera acreedora.

GARANTÍAS FIDUCIARIAS

Garantías

Porcentaje de Admisibilidad

Polivalente/No Polivalente

Valores de Fideicomisos garantizados por Fideicomisos de Oferta Pública constituidos sobre títulos valores del Banco Central y del Ministerio de Hacienda

De acuerdo al bien del patrimonio fideicomitido

De acuerdo al patrimonio fideicomitido

Certificado de garantía fiduciaria sobre fideicomisos en garantía

De acuerdo al bien del patrimonio fideicomitido

De acuerdo al patrimonio fideicomitido

Flujos de Fideicomisos de fuente de pago

50%

 

OTRAS GARANTIAS

Otras Garantías

Porcentaje de Admisibilidad

Polivalente/No Polivalente

Maquinarias y equipos de uso especializado

50%

No Polivalente

Maquinarias y equipos de uso múltiple

70%

Polivalente

Warrants de inventario

90%

Polivalente

Párrafo I: Para los depósitos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominación de la moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del crédito que están garantizando, el porcentaje de admisibilidad debe disminuirse en un 10% (diez por ciento).

Párrafo II: Los Warrants de inventarios solo serán aceptados con las condiciones siguientes: (i) la mercadería cuenta con alta demanda en el mercado; (ii) la valorización responde a un trabajo independiente en los términos que se aplican a cualquier garantía o cuentan con cotización internacional; y, (iii) existen adecuados controles sobre la existencia de la mercadería y ésta se encuentra debidamente asegurada para el caso de sustracción o siniestro.

Párrafo III: La prenda sobre maquinarias y equipos de uso especializado o múltiple será aceptada, en tanto los sectores económicos en los que desarrollan sus negocios no se encuentren en problemas y exista asimismo demanda probada de tales bienes en el mercado.

Párrafo IV: Los activos que se otorguen como garantía bajo un fideicomiso, deberán cumplir con las características del Artículo 64 y estar incluido en la Tabla No.5 de este Reglamento. Se determinará el valor admisible en función del tipo de bien que conforma el patrimonio fideicomitido. El porcentaje de admisibilidad aumentará un 10% (diez por ciento) sobre el porcentaje indicado en dicha tabla, siempre y cuando no sobrepase el 95% (noventa y cinco por ciento).

Párrafo V: En el caso de fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para la construcción de viviendas de bajo costo, se podrá considerar el certificado de garantía fiduciaria, emitido por el fideicomiso como garantía admisible de manera provisional, para fines de garantizar los préstamos interinos otorgados al promotor o constructor del proyecto inmobiliario, hasta tanto se concluya el proceso de emisión de los títulos de propiedad definitivos. En cuanto al certificado de garantía fiduciaria provisional, éste debe emitirse con vigencia de 1 (un) año, y si llegado el plazo el proceso de emisión de los títulos aún no ha finalizado, entonces el mismo debe actualizarse anualmente, hasta tanto se concluya el proceso de emisión de los títulos de propiedad definitivos.

Artículo 67. Cobertura de las garantías. Una vez ajustado el valor de la garantía, las entidades de intermediación financiera deben determinar la porción del crédito cubierta por la garantía y en su caso, la porción expuesta, a fin de establecer el monto de provisión a ser reconocido. De esta manera se debe ajustar la clasificación inicial del crédito, con base en los criterios que se indican en la Matriz No.6 de este Reglamento, debiendo, para fines de reporte de clasificación, mantenerse el deudor en la clasificación que se le haya otorgado, sin tomar en consideración las garantías.

Párrafo I: Para fines de constitución de provisiones, los ajustes a la clasificación inicial de los créditos comerciales, consumo e hipotecario, se harán conforme al contenido de la Matriz No.6 de este Reglamento.

 

Matriz No.6

Ajustes por cobertura de garantía para fines de constitución de provisiones

 

Clasificación Inicial del Deudor Comercial

Clasificación del saldo cubierto

(Condición 1)

Clasificación del saldo cubierto (Condición 2)

Clasificación del saldo cubierto (Condición 3)

Clasificación del saldo expuesto (Cond. 1 y 3)

Clasificación del saldo expuesto

(Condición 2)

A 1%

A 1%

C 20%

 

A 1%

C 20%

B 3%

A 1%

C 20%

B 3%

C 20%

C 20%

A 1%

C 20%

C 20%

C 20%

D1 40%

A 1%

C 20%

D1 40%

D1 40%

D2 60%

B 3%

C 20%

D2 60%

D2 60%

E 100%

C 20%

C 20%

D1 40%

E 100%

E 100%

Párrafo II: Las entidades de intermediación financiera deben establecer la cobertura correspondiente al saldo cubierto y expuesto, conforme a las condiciones siguientes:

a) Condición 1: Deudor posee morosidad igual o menor a 180 (ciento ochenta días) días y deudores con créditos en cobranza judicial que hayan iniciado el proceso de ejecución de la garantía;

b) Condición 2: Deudor posee morosidad mayor a 180 (ciento ochenta) días y menor a 365 (trescientos sesenta y cinco) días, y deudores con uno o más créditos reestructurados, con morosidad menor a 365 (trescientos sesenta y cinco) días. No se consideran los créditos reestructurados que se hayan mantenido al día, por más de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, contados a partir de la fecha de reestructuración y que hayan cumplido con por lo menos tres cuotas consecutivas de su plan de pagos.

c) Condición 3: Deudor posee uno o más créditos con morosidad igual o mayor a 365 (trescientos sesenta y cinco) días, y deudores con información financiera no confiable o sin información financiera.

 

Párrafo III: Una vez iniciado el proceso de ejecución de una garantía, la entidad de intermediación financiera contará con un plazo de 2 (dos) años para seguir considerando la garantía como admisible, para la mitigación de constitución de provisiones, siempre y cuando cuente con un informe actualizado de su Departamento Legal, que demuestre que la entidad ha venido realizando todas las gestiones posibles para la adjudicación del bien de que se trate y que existe plena claridad jurídica que tal adjudicación se podrá materializar. Asimismo, debe existir evidencia de que el bien en cuestión no ha sufrido deterioro que afecten materialmente su valor de tasación y que existe mercado para la realización del bien. De no mediar tal sustentación o no ser satisfactoria a criterio de la Superintendencia de Bancos, ésta ordenará no considerar tales garantías para la mitigación de la constitución de las provisiones.

Artículo 68. Valoración de las garantías. Las garantías deben ser valoradas a precio de mercado, esto es, a valores de realización, efectuadas por un tasador independiente o empleado de la entidad de intermediación financiera, cuando aplique, para lo cual deben seguir los lineamientos siguientes:

a) Para garantías constituidas sobre títulos valores, la valoración debe realizarse mensualmente y ser avalada por metodologías reconocidas en el ámbito financiero internacional, aprobadas por la Superintendencia de Valores, a un proveedor de precios autorizado o cualquier otra fuente de medición del valor razonable, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, que utilice datos observables de modo que los valores cuenten con un precio de mercado de referencia;

b) En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a uso comercial, realizar por lo menos cada 24 (veinticuatro) meses, una nueva tasación o utilizar el monto del valor asegurado por una compañía de seguros, debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros; y,

c) En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a la vivienda, se utilizará el monto del valor asegurado por una compañía de seguros, debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros;

 

Párrafo I: En el caso de garantías constituidas sobre maquinarias o equipos, su valor deberá determinarse atendiendo lo siguiente:

a) Maquinaria o equipo nuevo o con antigüedad igual o menor a 1 (un) año: la entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, el valor de compra registrado en la factura correspondiente. Este valor será válido por 18 (dieciocho) meses. Al término de este período y por lo menos cada 18 (dieciocho) meses, se deberá realizar una nueva tasación para mantener actualizado el valor de la garantía o utilizar el monto del valor asegurado por una compañía de seguros, debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros;

b) Maquinaria o equipo con antigüedad mayor a (un) año: La entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, el obtenido en la tasación profesional. Este valor será válido por 18 (dieciocho) meses. Al término de este período y por lo menos cada 18 (dieciocho) meses, se deberá realizar una nueva tasación para mantener actualizado el valor de la garantía, o utilizar el monto del valor asegurado por una compañía de seguros debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros.

 

Párrafo II: En caso de garantías constituidas sobre vehículos, su valor deberá determinarse atendiendo lo siguiente:

a) Vehículos nuevos: La entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, la cotización emitida por el concesionario, importador o dealer autorizado, que incluya los datos generales del vehículo;

b) Vehículos usados: La entidad utilizará como valor de la garantía en el momento del otorgamiento, el monto establecido por un tasador profesional o el monto asegurado por una compañía de seguros, debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros; y,

c) El valor de estas garantías deberá actualizarse anualmente, tomando el valor de cualquiera de las opciones siguientes:

i. Tasación profesional, con vigencia de menos de 6 (seis) meses; o,

ii. Monto asegurado por una compañía de seguros, debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros.

 

Párrafo III: La tasación de la garantía de bienes inmuebles, podrá ser efectuada por un tasador profesional empleado o no de la entidad de intermediación financiera, debidamente acreditado, que esté inscrito en el Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO), Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en otro gremio de reconocido prestigio que agrupe estos profesionales, con acreditación de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV). Para estos casos, la entidad de intermediación financiera ofrecerá al deudor la opción de elegir entre el tasador de la entidad o el tasador independiente y tener la constancia de dicha elección.

Párrafo IV: Las entidades de intermediación financiera deben conservar la información histórica de la valorización de las garantías, procurando disponer de información completa.

Párrafo V: Para las garantías correspondientes a bienes muebles e inmuebles que no sean consideradas admisibles para los fines de mitigación de provisiones, no se requerirá la actualización de las tasaciones de dichas garantías. Lo anterior no contraviene con el requerimiento de la tasación correspondiente al momento de otorgar un crédito.

Párrafo VI: Los plazos establecidos en este Artículo tiene carácter de mínimos, sin perjuicio de que la entidad de intermediación financiera debe realizar tasaciones con mayor frecuencia, en caso de tomar conocimiento de eventos o situaciones que afecten el valor de realización de las garantías.

Artículo 69. Excepciones para actualización de tasaciones . Para el caso de los bienes que hayan sido otorgados en garantía, que de conformidad con lo indicado en el Artículo 68 de este Reglamento, requieran una nueva tasación para actualizar su valor, las entidades podrán no realizar la misma, siempre y cuando el crédito esté al día y que se cumpla alguno de los criterios siguientes:

a) El plazo de los créditos respaldados con la garantía no supera los 3 (tres) años y el valor admisible de la misma supera al menos en 2 (dos) veces el total del saldo pendiente de pago de los créditos garantizados;

b) El plazo para finalizar el pago de los créditos garantizados es igual o inferior a 1 (un) año;

c) El costo de la tasación supera el 10% (diez por ciento) del valor del saldo de los créditos garantizados; y,

d) Los créditos garantizados se encuentran provisionados en un 100% (cien por ciento).

 

Párrafo: Las entidades de intermediación financiera que hagan uso de esta facultad, deberán documentar en cada caso las razones de su decisión, teniendo en cuenta para ello, entre otros, los criterios de evaluación del riesgo. Dicha justificación deberá mantenerse en el expediente del deudor y a disposición de la Superintendencia de Bancos.

Artículo 70. Tasaciones a requerimiento de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos podrá requerir a la entidad de intermediación financiera, cuando así lo estime necesario, la presentación de una nueva tasación, que será realizada por un tasador independiente seleccionado por dicho Organismo Supervisor, reservándose el derecho de vetar el uso, por parte de dicha entidad de intermediación financiera, de los tasadores que hayan realizado tasaciones que no se ajusten a los requisitos establecidos o no reflejen el valor real de los bienes. Los costos de tasación estarán a cargo de la entidad de intermediación financiera.

CAPÍTULO II

TASADORES INDEPENDIENTES

 

Artículo 71. Independencia profesional. Para que un tasador o firma de tasadores sean consideradas independientes, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a) Estar inscritos en el Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. (ITADO), Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en otro gremio de reconocido prestigio que agrupe estos profesionales, con acreditación de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV);

b) No mantener deudas con la entidad de intermediación financiera, exceptuando tarjetas de crédito, préstamo hipotecario para adquisición de vivienda, préstamo para adquisición de solar y préstamo para adquisición de vehículo. Cuando esta situación exista, la entidad de intermediación financiera debe hacerlo constar en el expediente del tasador;

c) Realizar tasaciones apegadas a normas nacionales e internacionales sobre la materia y prácticas internacionales, teniendo como base de valor, conceptos y principios de valuación generalmente aceptados y que se mantengan en cumplimiento con los principios establecidos en el código de ética profesional del gremio que los agrupe; y,

d) Los ingresos derivados de los servicios de tasación prestados a la entidad de intermediación financiera, no deben exceder el 25% (veinticinco por ciento) del total de los ingresos del tasador.

 

Artículo 72. Idoneidad de tasadores. Las entidades de intermediación financiera, deben establecer y aplicar políticas y procedimientos que aseguren la idoneidad y adecuación de los profesionales contratados, para la realización de tasaciones y de las metodologías utilizadas por estos, al momento de establecer los valores de los bienes recibidos en garantía, ya sean muebles o inmuebles.

Artículo 73. Información sobre los tasadores. Las entidades de intermediación financiera, deben mantener en sus archivos antecedentes suficientes sobre los profesionales o firmas de profesionales que contraten para la valoración, tanto de sus activos como de la garantía de los deudores, para asegurar que cumplen con los criterios de independencia señalados.

Párrafo I: Para estos fines, deben contar con un registro actualizado de todos los tasadores contratados, indicando su nombre completo, cédula de identidad y electoral o registro nacional de contribuyentes, acreditación profesional actualizada por lo menos cada 2 (dos) años, número de identificación de las garantías valoradas y sus respectivas operaciones crediticias, estados financieros y la composición accionaria, cuando se trate de sociedades; y, una declaración jurada, cuando sean personas físicas, ambos con los detalles de sus fuentes de ingresos. Deberán publicar en su página web la relación de tasadores que utiliza regularmente, a los fines de que los interesados puedan elegir el tasador que sea de su preferencia.

Párrafo II: Las entidades de intermediación financiera deben informar a la Superintendencia de Bancos, de cualquier situación relevante que detecten sobre dichos profesionales y de los tasadores que contraten y mantengan préstamos con la misma.

TÍTULO V

MEDICIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO

DE LOS BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

 

CAPÍTULO I

BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

 

Artículo 74. Registro contable de los bienes recibidos en recuperación de créditos. Las entidades de intermediación financiera, deben proceder con el registro contable de los bienes recibidos en recuperación de créditos, conforme a los lineamientos establecidos en el ‘Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras’ emitido por la Superintendencia de Bancos.

Artículo 75. Gestión de venta de los bienes recibidos en recuperación de créditos . Las entidades de intermediación financiera deben establecer dentro de las políticas de recuperación de crédito, los procedimientos para su venta.

Artículo 76. Valoración de los bienes recibidos en recuperación de créditos. Las entidades de intermediación financiera, deben contar con una tasación independiente de los bienes muebles e inmuebles recibidos en recuperación de créditos, al momento de producirse el hecho, la cual no debe superar 1 (un) año de vigencia, con la finalidad de determinar el valor de los mismos. Para los bienes que correspondan a títulos valores, acciones, certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos en garantía, cuotas de fondos de inversión, entre otros instrumentos similares, la valoración debe relacionarse con la solvencia y liquidez de la empresa emisora o con la cotización de mercado de dichos instrumentos, si existiera. Cuando el valor del título adjudicado no esté cotizado en el mercado, su valor de adjudicación no podrá ser mayor al valor patrimonial de la empresa, determinado con base a estados financieros auditados.

Párrafo I: Al recibirse en pago o al adjudicar un conjunto de bienes, cuyo valor individual no se detalle y los mismos sean susceptibles de venderse separadamente por la entidad de intermediación financiera, cada bien debe registrarse en forma individual, con sus respectivas tasaciones.

Párrafo II: Cuando una entidad de intermediación financiera estime que el valor de mercado de uno de esos bienes es menor al valor contable, la diferencia entre ambos deberá ajustarse inmediatamente reconociendo la pérdida respectiva.

Párrafo III: Cuando la Superintendencia de Bancos presuma que exista sobrevaloración o algún deterioro de los bienes recibidos, podrá ordenar a las entidades de intermediación financiera la realización de una tasación, a efectuarse por tasadores propuestos por dicho Organismo Supervisor y pagados por la entidad de intermediación financiera.

Artículo 77. Operaciones con bienes recibidos en recuperación de créditos . Las entidades de intermediación financiera deben solicitar la no objeción de la Superintendencia de Bancos para las operaciones siguientes:

a) Arrendamiento financiero de los bienes recibidos en recuperación de créditos;

b) Venta o arrendamiento financiero de bienes recibidos en recuperación de créditos a vinculados; y,

c) Traspaso de bienes recibidos en recuperación de créditos al activo fijo.

 

TÍTULO VI

NORMAS SOBRE PROVISIONES Y CASTIGOS

 

CAPITULO I

DE LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES

 

Artículo 78. Constitución de provisiones . Las entidades de intermediación financiera, deben tener constituidas, en el mismo mes que se originen, las provisiones para cubrir los riesgos de sus activos, conforme a las pautas que se establecen en este Título, sobre la base de los riesgos que se hubieren determinado en el proceso de clasificación de activos y las categorías asignadas, conforme a la evaluación que hubieren efectuado, siempre y cuando no hayan sido objeto de una reclasificación por parte de la Superintendencia de Bancos, a cuyo efecto, deberán considerarse dichas categorías.

Artículo 79. Provisiones por categoría de activos. Cada entidad de intermediación financiera debe constituir las provisiones, genéricas o específicas, que correspondan a cada tipo de cartera de activos, mediante la aplicación de porcentajes generales de riesgo por categoría de activos (créditos, inversiones, bienes recibidos en recuperación de créditos). La constitución de dichas provisiones será comunicada a la Superintendencia de Bancos a través de los mecanismos establecidos para tales fines.

CAPÍTULO II

PROVISIONES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

 

Artículo 80. Provisiones de la cartera de créditos. Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad de intermediación financiera, conforme a las normas de clasificación de cartera, distinguirán 3 (tres) tipos de provisiones:

a) Provisiones específicas: Son aquellas que se requieren a un tipo determinado de créditos, comerciales, consumo e hipotecarios para vivienda, provenientes de pérdidas identificadas (créditos B, C, D1, D2 y E);

b) Provisiones genéricas: Son las que provienen de créditos con riesgos potenciales o implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “A” se consideran genéricas; y,

c) Provisiones anticíclicas: Son aquellas que las entidades de intermediación financiera constituyen para hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingencias relacionados a las variaciones en el ciclo económico. Las provisiones anticíclicas no podrán ser utilizadas para compensar deficiencias de provisiones.

Artículo 81. Porcentaje de provisiones. Los porcentajes de provisiones requeridos para los créditos comerciales, de consumo e hipotecarios y la cartera de inversiones son las que se detallan en la Tabla siguiente:

Tabla No.6

Porcentajes de provisión de acuerdo a la categoría de riesgo

 

Categoría

Porcentaje de Provisión

A

1%

B

3%

C

20%

D1

40%

D2

60%

E

100%

 

Párrafo I: Los financiamientos directos otorgados al Estado dominicano, o indirectos que sean garantizados por éste o con fondos para el repago de la deuda provenientes de flujos reales consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado, conforme lo establece la Ley de Crédito Público, así como las inversiones en los títulos emitidos por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda, serán clasificados “A” por capacidad de pago y no estarán sujetos a requerimientos de provisión. Asimismo, se debe asignar la clasificación y provisiones por comportamiento de pago que le corresponda.

Párrafo II: Para los créditos otorgados en moneda extranjera, clasificados en categorías D1, D2 y E, y mora mayor a 90 (noventa) días, la entidad de intermediación financiera suspenderá el registro de ingresos generados por la diferencia positiva en el cambio de moneda. Dicha suspensión se realizará mediante la creación de una provisión equivalente al 100% (cien por ciento) de los ingresos generados por la diferencia.

Artículo 82. Cobertura de la cartera vencida. Las provisiones de cartera de créditos constituidas por las entidades de intermediación financiera, deben cubrir por lo menos en 100% (cien por ciento) la cartera vencida.

CAPÍTULO III

PROVISIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

 

Artículo 83. Provisiones de las inversiones. Cuando las inversiones estén contabilizadas a costo amortizado, las provisiones específicas sobre las mismas se harán utilizando los porcentajes de provisiones asociados a la categoría de riesgo asignada, conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo IX del Título II, de este Reglamento.

Párrafo. En los casos de inversiones contabilizadas a valor razonable, no se requiere la constitución de provisiones.

 

CAPÍTULO IV

PROVISIONES SOBRE

BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

 

Artículo 84. Provisiones sobre bienes recibidos en recuperación de créditos. Para los bienes recibidos en recuperación de créditos, se constituirán las provisiones de conformidad a los criterios siguientes:

a) Los bienes inmuebles se provisionarán en un 100% (cien por ciento) en un plazo de 3 (tres) años, contado a partir de 120 (ciento veinte) días después de la fecha de la sentencia de adjudicación del bien o del contrato de dación de pago debidamente legalizado, de forma lineal, luego de transcurrido el primer año de su entrada a los libros de la entidad de intermediación financiera; y,

b) Los demás tipos de bienes recibidos en recuperación de créditos, la entidad debe provisionarlos en un 100% (cien por ciento) en un plazo de 2 (dos) años, contado a partir de 120 (ciento veinte) días después de la fecha de la sentencia de adjudicación del bien o del contrato de dación de pago debidamente legalizado, de forma lineal, luego de transcurridos 6 (seis) meses de su entrada a los libros de la entidad de intermediación financiera.

 

Artículo 85. Transferencia de provisiones de cartera de créditos. Las provisiones existentes en el renglón cartera de créditos, correspondientes a los deudores cuyas garantías hayan sido recibidas en recuperación de créditos a favor de la entidad de intermediación financiera, deben ser transferidas al renglón de provisiones para bienes recibidos en recuperación de créditos.

CAPÍTULO V

CASTIGOS DE CRÉDITOS, INVERSIONES Y BIENES RECIBIDOS

EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

Artículo 86. Castigos. Los castigos corresponden a activos que la entidad de intermediación financiera elimina del balance, quedando registrados en cuentas de orden. En la medida que los riesgos de los créditos e inversiones estén correctamente provisionados, no debieran producir mayores efectos sobre los resultados de las entidades de intermediación financiera.

Párrafo I: En el caso de que la entidad de intermediación financiera no tenga constituido el 100% (cien por ciento) de la provisión requerida para sus activos sujetos a riesgo, debe constituir el monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requerido.

Párrafo II: Los créditos a vinculados sólo se podrán castigar o condonar cuando se demuestre que se han agotado todos los procesos legales de cobro o que los vinculados por gestión han cesado de sus funciones.

Artículo 87. Políticas para el castigo de créditos, inversiones y bienes recibidos en recuperación de créditos. Las entidades de intermediación financiera deben contar con políticas aprobadas por el Consejo y procedimientos para el castigo de sus operaciones, tomando en consideración los aspectos siguientes:

a) Plazos de mora para el castigo de los créditos e inversiones;

b) Criterios de recuperación de créditos e inversiones castigados;

c) El tratamiento que otorgarán a los bienes recibidos en recuperación de créditos que sean irrecuperables;

d) Prescripción del plazo para demandar el cobro o sentencia judicial adversa para la entidad;

e) Registro sobre las operaciones castigadas que incluya informaciones como: clasificación de riesgo, tipo de operación, monto del castigo, monto de recuperación, forma de recuperación (efectivo, bien mueble, inmueble, venta de cartera), entre otros; y,

f) Registro de gestiones extrajudiciales efectuadas y gestiones judiciales, si las hubiere.

 

Artículo 88. Registro contable de los castigos. Los créditos e inversiones castigados deben ser controlados contablemente en las cuentas de orden, debiendo permanecer en dicho registro hasta tanto los mismos sean recuperados o condonados.

Artículo 89. Reportes a la Superintendencia de Bancos. Los créditos castigados deben ser reportados por las entidades de intermediación financiera, conforme a las especificaciones contenidas en el ‘Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos’ y serán mantenidos en la Central de Riesgos hasta su recuperación o por el plazo que ese Organismo Supervisor estime necesario.

Artículo 90. Castigos de bienes recibidos en recuperación de créditos . Los bienes recibidos en recuperación de créditos, solo pueden ser castigados cuando hayan ocurrido casos de siniestros y estos no cuenten con la debida póliza de seguros.

Artículo 91. Descargo de bienes recibidos en recuperación de créditos. Cuando existan condiciones que impidan la realización del bien, ya sea porque dicho bien no está en poder de la entidad o no tiene un valor económico real, ésta procederá a darle de baja y en estos casos, deberá contar con la documentación que sustente tal situación.

TÍTULO VII

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS

 

CAPÍTULO I

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVOS

 

Artículo 92. Autoevaluación de activos. Las entidades de intermediación financiera deben mantener evaluados y clasificados sus activos, por lo cual deben realizar la autoevaluación de manera trimestral para los Mayores Deudores Comerciales y de manera mensual para el resto de sus activos. Los resultados de la misma, deben ser remitidos a la Superintendencia de Bancos conforme a las especificaciones contenidas en el ‘Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos’.

Artículo 93. Constitución de provisiones por autoevaluación de activos. Las provisiones requeridas por concepto de la autoevaluación de activos, se deberán constituir en el mes al que corresponda la autoevaluación.

Párrafo I: Las provisiones originadas por los rendimientos de más de 90 (noventa) días y por deudores en cobranza judicial, no corresponden al proceso de autoevaluación de activos, sino que son de naturaleza contable, por lo que no forman parte del requerimiento de provisiones por riesgo determinado en el citado proceso de evaluación.

Párrafo II: Las provisiones requeridas y constituidas al cierre de los estados financieros auditados, deben ser las provisiones resultantes de la autoevaluación de activos al 31 (treinta y uno) de diciembre del ejercicio correspondiente, revisada por los auditores externos.

Artículo 94. Políticas y procedimientos para la revisión de los Mayores Deudores Comerciales. Las entidades de intermediación financiera deben establecer los criterios para determinar la frecuencia de revisión y evaluación de los Mayores Deudores Comerciales, con base en el riesgo e importancia del deudor en la entidad, asegurándose de revisar al menos semestralmente a cada deudor.

Párrafo. Sin perjuicio de la frecuencia descrita anteriormente, la entidad debe revaluar el deudor ante la toma de conocimiento de hechos negativos, tales como el deterioro de la clasificación del deudor a mayor riesgo en otra entidad de intermediación financiera, noticias o informaciones negativas a que acceda la entidad sobre el deudor o el sector donde se desempeña, entre otros.

CAPÍTULO II

SUPERVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ACTIVOS

 

Artículo 95. Supervisión de la evaluación de activos. La Superintendencia de Bancos, sobre la base del plan de supervisión, realizará una revisión del proceso y la evaluación de los activos realizada por las entidades de intermediación financiera. La revisión de la evaluación podrá dar lugar a reclasificaciones parciales o totales de los activos involucrados.

Artículo 96. Reclasificación de cartera . En caso de que en el resultado de la supervisión realizada por la Superintendencia de Bancos, se evidencie que en la entidad de intermediación financiera no se están aplicando de manera adecuada los criterios establecidos en este Reglamento, conllevando que el Organismo Supervisor se vea precisado a ordenarle la reclasificación de más de un 30% (treinta por ciento) de los Mayores Deudores Comerciales evaluados a categorías de riesgo superiores, la entidad de intermediación financiera no podrá mejorar la clasificación de dichos deudores, hasta que la Superintendencia de Bancos determine que se han superado las situaciones que dieron origen a la reclasificación.

Párrafo I: Cuando la entidad de intermediación financiera realice una reclasificación de un deudor en el momento de la inspección in situ de la Superintendencia de Bancos, sin contar con información adicional, el mismo será considerado dentro del porcentaje de reclasificación.

Párrafo II: Cuando la cantidad de deudores reclasificados, supere el 30% (treinta por ciento) de una muestra representativa, la entidad de intermediación financiera deberá realizar una auditoría externa del resto de la cartera de crédito, a los fines de verificar si la clasificación y nivel de provisiones es correcta. La entidad debe entregar un informe a la Superintendencia de Bancos con los resultados de esta auditoría, en un plazo máximo de hasta 6 (seis) meses.

Párrafo III: Cuando el porcentaje de deudores reclasificados haya sido menor o igual al 30% (treinta por ciento) de la muestra, la entidad de intermediación financiera debe solicitar autorización previa para la mejora de la clasificación de los deudores reclasificados y podrá seguir autoevaluándose, sin previa autorización, para el resto de su cartera.

Párrafo IV: Las disposiciones anteriores, son sin perjuicio de las acciones adicionales que pueda requerir la Superintendencia de Bancos a las entidades de intermediación financiera, a los efectos de subsanar las debilidades detectadas en la evaluación de riesgo de crédito, así como las sanciones que pueda establecer.

Artículo 97. Reclasificación de un Mayor Deudor Comercial por parte de la Superintendencia de Bancos. La clasificación oficial, es la que comunique por escrito la Superintendencia de Bancos para cada uno de los Mayores Deudores Comerciales y emisores reclasificados en una entidad de intermediación financiera durante las inspecciones. Esta clasificación sustituye para todos los efectos, la realizada por la entidad de intermediación financiera.

Párrafo: La entidad de intermediación financiera está obligada a constituir, en el mismo mes, las provisiones establecidas por la Superintendencia de Bancos, hasta tanto no se obtenga autorización por escrito, para modificar la clasificación realizada por dicho Organismo Supervisor.

Artículo 98. Reconsideración de la clasificación de un Mayor Deudor Comercial. La clasificación oficial asignada por la Superintendencia de Bancos, no podrá ser modificada hacia categorías de riesgo inferior sin que, en forma previa, la entidad de intermediación financiera solicite una reconsideración al Organismo Supervisor y obtenga la autorización correspondiente, la cual no podrá ser emitida sin mediar no menos de 100 (cien) días calendario de la entrega de dicha comunicación oficial. La Superintendencia de Bancos podrá adaptar dicho plazo al cronograma de inspecciones y evaluaciones que realiza periódicamente.

Párrafo: La Superintendencia de Bancos, dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario, contado a partir de la fecha de recibo de la solicitud, evaluará y determinará si las informaciones y documentos remitidos cumplen con las disposiciones legales establecidas por la Ley Monetaria y Financiera, este Reglamento y el derecho común, y autorizará la modificación de la clasificación oficial de los deudores o emisores que así lo ameriten. Si las solicitudes de reconsideración de clasificaciones de deudores y emisores evaluados, no cuentan con la debida documentación o no están debidamente sustentadas, las mismas serán desestimadas mediante Circular Administrativa de la Superintendencia de Bancos y remitida a la entidad de intermediación financiera solicitante.

Artículo 99. Resultados del proceso de supervisión de la evaluación de activos. Al finalizar el proceso de supervisión de evaluación de activos, la Superintendencia de Bancos discutirá los resultados de la misma con la Alta Gerencia de la entidad de intermediación financiera y remitirá un informe final con los resultados obtenidos, a fin de que sea conocido por el Consejo, el cual deberá remitir una certificación al Organismo Supervisor, en la que conste que ha tomado conocimiento del mismo.

CAPÍTULO III

MECANISMO DE REVERSIÓN DE PROVISIONES

 

Artículo 100. Reversión de provisiones . Las entidades de intermediación financiera podrán revertir provisiones específicas o genéricas, cuando las mismas sean el resultado de la cancelación genuina de créditos que reduzcan la exposición del deudor, así como cuando exista una mejoría en la clasificación de riesgo del deudor o emisor, formalización de garantías y por venta de bienes adjudicados. La reversión podrá hacerse en el mismo período en que ocurran los referidos eventos, para lo cual se deberá notificar a la Superintendencia de Bancos, por la vía que esta establezca.

Párrafo: Las entidades de intermediación financiera que reversen provisiones de conformidad al presente Artículo, deberán realizar el registro contable de acuerdo al ‘Manual de Contabilidad para Instituciones Financiera’ y remitir las informaciones conforme se establezca en el ‘Manual de Requerimientos de Información Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos de la Superintendencia de Bancos’.

Artículo 101. Prohibición de reversión de provisiones. Las entidades de intermediación financiera, no podrán reversar provisiones específicas o genéricas cuando se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a) Estar sometida a un Plan de Regularización;

b) Presentar un índice de solvencia inferior al límite establecido en la normativa vigente;

c) Haber obtenido un porcentaje de reclasificación de cantidad de deudores superior al 15% (quince por ciento) o reclasificación del monto de cartera superior al 15% (quince por ciento) durante la última supervisión in situ, realizada por la Superintendencia de Bancos;

d) Presentar una cobertura de provisiones de cartera de crédito vencida, inferior al 100% (cien por ciento);

e) Presentar faltante de provisiones en algún renglón del activo y contingentes; y,

f) Cuando en el informe de inspección más reciente de la Superintendencia de Bancos, se establezca que la gestión de riesgo crediticio de la entidad de intermediación financiera presenta debilidades materiales o significativas.

 

 

Artículo 102. Transferencias de excedentes de provisiones. Los excedentes de provisiones que se generen de cancelaciones y mejorías de clasificación de deudores y emisores, formalización de garantías, así como la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos, podrán ser transferidos a otros renglones de activos riesgosos en los que la entidad presente necesidades de provisión.

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

PARA LAS SUPERVISIONES

 

Artículo 103. Información a incluir en las carpetas de crédito. Las entidades de intermediación financiera, deben mantener y considerar para los procesos de otorgamiento, seguimiento y recuperaciones de sus activos de riesgo, conforme al tipo de crédito y tipo de deudor o garante de que se trate, las informaciones y documentos requeridos en este Artículo y los que puedan ser solicitados por la Superintendencia de Bancos, los cuales deben mantenerse en carpetas físicas individuales o en medios digitales o electrónicos, que serán revisadas in situ por los supervisores de dicho Organismo Supervisor. Las carpetas incluirán, según aplique, como mínimo, las informaciones que se indican más adelante, con excepción de las que por motivo de seguridad deben mantenerse en bóveda:

a) Estatutos de la empresa y sus modificaciones;

b) Informes legales internos del deudor;

c) Información sobre el negocio (giro, mercado, entre otros);

d) Solicitudes y aprobaciones de los créditos;

e) Contratos de préstamos o pagarés;

f) Tablas de amortización o cronograma de pagos;

g) Antecedentes de desembolsos;

h) Movimientos de pago (comprobantes, reportes, etc.);

i) Estados financieros del deudor, de al menos los 2 (dos) últimos ejercicios que contengan lo siguiente:

i. Balance general;

ii. Estados de resultados;

iii. Flujos de efectivo;

iv. Estado de cambios en el patrimonio; y,

v. Notas explicativas

j) Constancia de la declaración jurada de Impuesto sobre la Renta de los Medianos y Mayores Deudores Comerciales, realizada a través de la Oficina Virtual de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o el acuse de recibo del formulario físico presentado en la Administración Local de dicha Institución;

k) Estados financieros interinos;

l) Análisis financieros de la entidad y del entorno económico, geográfico y regional;

m) Estudios y evaluación de proyectos;

n) Registro y constitución de garantías;

o) Tasaciones (registros de valor) de las garantías reportadas como admisibles, cuando aplique;

p) Seguros sobre garantías;

q) Antecedentes financieros de garantías solidarias;

r) Antecedentes de seguimiento (informes, cartas, etc.);

s) Notificaciones e intimaciones al deudor;

t) Propuesta de crédito con las autorizaciones e informes de los funcionarios de crédito responsables;

u) Análisis del crédito con las autorizaciones e informes de los funcionarios de crédito responsables;

v) Análisis que sustente la clasificación de riesgo asignada al deudor y al garante solidario;

w) Informes periódicos del área de administración de créditos acerca de la evolución financiera y del área de garantías, en relación con su formalización, situación y condición física; y,

x) Otras informaciones relevantes que la entidad de intermediación financiera considere.

 

 

Artículo 104. Remisión de información a la Superintendencia de Bancos. Las informaciones requeridas deben ser remitidas conforme a las especificaciones contenidas en el ‘Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos’. En adición, la Superintendencia de Bancos, debe tener pleno acceso a la información de las carteras de crédito, inversiones, otros activos, así como al personal de la entidad de intermediación financiera encargado de gestionar los riesgos asociados.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 105. Sanciones. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en este Reglamento en cualquiera de sus aspectos, serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos, con base en la Ley Monetaria y Financiera, y el Reglamento de Sanciones.

Párrafo: Cuando se compruebe que la entidad de intermediación financiera ha dejado de incluir las informaciones requeridas en el ‘Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos’, serán pasibles de sanciones, conforme a lo que establece la Ley Monetaria y Financiera, y el Reglamento de Sanciones.

Artículo 106. Sanciones por falta de constitución de provisiones . Las entidades de intermediación financiera que no constituyan las provisiones requeridas por los riesgos asumidos en la forma y plazos previstos en este Reglamento, deberán completar de inmediato el faltante de provisiones correspondiente y serán objeto de una sanción pecuniaria equivalente al 100% (cien por ciento) del faltante. En caso de que dichas provisiones no sean constituidas inmediatamente, se les aplicará una sanción equivalente al doble de lo precedentemente indicado, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Sanciones.

Artículo 107. Evaluación de microcréditos. Los microcréditos serán evaluados conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Microcréditos,5 aprobado por la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de agosto del 2014.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Artículo 108. Plazo de adecuación. Este Reglamento entrará en vigencia el 2 de enero de 2018, por lo que, las entidades de intermediación financiera deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el mismo dentro del plazo comprendido entre la fecha de su publicación y el 31 de diciembre del 2017.

TÍTULO X

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

 

Artículo 109. Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, queda derogado el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 de diciembre del 2004 y sus modificaciones, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.’

2. Esta Resolución deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia circulación nacional, en virtud de las disposiciones del literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002.”

Publicado: 12 octubre 2017

 

-END-

Reglamento de Evaluación de Activos (REA)

Segunda Resolución.