A nivel global, las políticas que promueven la inclusión financiera están cada vez más presentes en las estrategias de supervisión y regulación financiera. Esto responde no solo a la necesidad de fortalecer los sistemas financieros, sino también a metas más amplias vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En particular, la inclusión financiera contribuye directamente al ODS 1 (Fin de la pobreza), al facilitar el acceso a servicios financieros para poblaciones vulnerables, y al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), al apoyar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que generan empleo. Además, fomenta el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), al promover la igualdad de acceso a recursos económicos, y el ODS 5 (Igualdad de género) al facilitar el acceso de mujeres a productos financieros. Por lo tanto, la integración de la inclusión financiera en las políticas regulatorias no solo fortalece la estabilidad del sistema financiero, sino que impulsa un desarrollo económico y social más justo y sostenible.
La Superintendencia de Bancos (SB) actúa como facilitadora del acceso a productos financieros orientados a poblaciones desatendidas, al tiempo que contribuye al fortalecimiento del sistema financiero nacional. En este sentido, la SB considera el impulso al acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como un pilar fundamental de su enfoque estratégico, reconociendo que estas representan el motor del tejido empresarial dominicano.
Las mipymes representan alrededor del 85.9% del total de empresas activas en el país y generan cerca del 61.6% del empleo nacional, lo que equivale a más de 3 millones de puestos de trabajo, según la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENMIPYMES) 2022-2023 elaborada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Las mipymes enfrentan tasas de interés significativamente más altas que el resto de la cartera comercial. A marzo de 2025, la tasa de interés promedio para este segmento alcanza el 14.3%, superando considerablemente el 10.4% registrado en la cartera comercial privada en general, según el informe sobre Financiamiento a las mipymes publicado por la Superintendencia de Bancos en marzo de 2025.
La Encuesta Nacional de Mipymes (ENMIPYMES) 2022-2023 señala que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan aproximadamente el 32% del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana. El estudio también revela que en el país existen 404,034 mipymes, de las cuales el 94.2% corresponde a microempresas. Además, destaca que más del 85% de estas operan en condiciones de informalidad.
La informalidad, el acceso limitado al financiamiento, el rezago en digitalización, los costos operativos y dificultades administrativas, son los principales desafíos que enfrenta este sector empresarial.
A pesar de su relevancia económica y social, las mipymes enfrentan serias limitaciones de acceso al sistema financiero formal, especialmente en lo que respecta a productos financieros adaptados a sus características y necesidades operativas.
Para abordar estos desafíos, se requiere de una estrecha colaboración entre el Estado, el sector privado y las organizaciones gremiales que creen un entorno favorable al emprendimiento.
Las cuentas básicas o simplificadas, caracterizadas por sus bajos costos y requisitos reducidos, representan una herramienta clave para promover la inclusión financiera. Al facilitar el acceso al sistema bancario, contribuyen a la bancarización de sectores tradicionalmente excluidos y preparan a los usuarios y las usuarias para integrarse progresivamente al crédito formal. En el caso de los pequeños negocios, este tipo de cuentas les permitiría acceder de manera ágil y flexible a servicios financieros esenciales —como depósitos, pagos, transferencias y gestión de flujo de caja—, favoreciendo su formalización, digitalización y crecimiento sostenible.
Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la inclusión financiera, la Superintendencia de Bancos emitió en el año 2020 la Circular 029-20, mediante la cual se establecieron los lineamientos para los productos básicos de depósito —cuentas básicas de ahorro y cuentas básicas de nómina— dirigidos a personas físicas.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, fue emitida la Circular CSB-REG-202500013, que define los lineamientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para la apertura de cuentas básicas de ahorro destinadas a las mipymes.
Este nuevo producto está diseñado para facilitar el acceso a este segmento al sistema bancario formal, brindándoles una herramienta segura y sencilla para manejar sus recursos y fortalecer su participación en la economía.
Estas cuentas básicas de ahorro utilizan un enfoque basado en riesgos, con límites establecidos para las transacciones, el saldo y los montos acumulados, en consonancia con las recomendaciones internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Aunque su provisión es opcional para las entidades de intermediación financiera, estas cuentas ofrecen el mismo nivel de seguridad y calidad que los instrumentos tradicionales de depósito. Además, destacan por sus condiciones favorables: monto mínimo de apertura, el saldo promedio mensual y los cargos por servicio se establecerán entre los más bajos del mercado.
Estas cuentas podrán abrirse tanto de forma presencial como a través de canales digitales o no presenciales.
En definitiva, las cuentas básicas para mipymes son un estímulo regulatorio destinado para eliminar las barreras de acceso presentes en el sistema financiero. Gracias a esta iniciativa de la SB, las micro, pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente han enfrentado dificultades para acceder a servicios financieros, tienen la oportunidad de integrarse al sistema financiero formal, impulsando su crecimiento y desarrollo.
Habilitar cuentas básicas para las mipymes fortalece la estrategia nacional de inclusión financiera y promueve una economía más resiliente, formal y productiva.
