Un tiempo atrás, relacionar el cambio climático con el sistema financiero parecía irracional, al igual que conectar el medioambiente con las finanzas. Hoy, la sostenibilidad, encapsulada en las siglas ASG (Ambiental, Social y de Gobierno), ha emergido como un factor esencial para el sector financiero, vinculando inversión, ética corporativa y responsabilidad medioambiental. Aunque inicialmente la responsabilidad social corporativa (RSC) surgió como una forma de mejorar la imagen empresarial, la realidad actual exige que vaya más allá de un simple ejercicio de relaciones públicas (1).  

Su relevancia aumentó cuando las industrias comenzaron a tener impactos tangibles. En este contexto, se profundizó el debate sobre la sostenibilidad de la actividad económica y los valores de convivencia ética y social que debe ostentar. A la vez, las buenas prácticas impulsadas a la luz de estas ideas contribuyen a mejorar la reputación de las empresas.  

Si bien el propósito principal de las empresas es obtener ganancias al proporcionar bienes y servicios, en los últimos años se ha desarrollado una tendencia a asumir responsabilidades, no solo hacia los accionistas, también hacia la sociedad y determinados grupos de interés. En este contexto, el surgimiento de las finanzas sostenibles podría parecer un avance. Según la Comisión Europea (2018), el término “finanzas sostenibles” se refiere al proceso de tener debidamente en cuenta las cuestiones de carácter social y medioambiental en las decisiones de inversión, lo que se traduce en una mayor inversión en actividades sostenibles y a más largo plazo (3). Más concretamente, las consideraciones medioambientales se refieren a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como otros problemas ambientales en general y sus riesgos conexos. Por su parte, las consideraciones sociales pueden referirse a problemas de desigualdad, inclusión, relaciones laborales, inversión en capital humano y comunidades, entre otras.  

Las consideraciones sociales y medioambientales están a menudo interrelacionadas, ya que muchos de los desafíos que enfrentamos en torno a cuestiones ambientales pueden exacerbar los problemas de desigualdad existentes. 

El mercado financiero ha comenzado a incorporar criterios ASG en sus decisiones de inversión, con el objetivo de fomentar prácticas empresariales responsables. Esto implica que los inversionistas no solo evalúan el rendimiento financiero de una empresa, sino también cómo sus operaciones afectan el medio ambiente, el bienestar social y la calidad de la gobernanza. En este ámbito, las empresas enfrentan una creciente presión para adaptarse a estas nuevas expectativas, lo cual va más allá de la simple conformidad con la normativa; se trata de demostrar un compromiso genuino con la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo (4). 

En este sentido, las empresas requieren de transformaciones significativas en sus modelos de negocio. En este proceso, la integración de criterios ASG es fundamental, ya que permite a las empresas evaluar de forma integral sus operaciones, y alinearlas con los objetivos de sostenibilidad, promoviendo prácticas que no solo beneficien a sus accionistas, sino también a la comunidad y al entorno en el que operan.  

Precisamente por esto, una de las áreas más complejas de esta tendencia es la gobernanza, componente esencial de los criterios ASG, y cuya relevancia es subestimada, por lo que se hace importante su promoción y concientización. Las decisiones de gobernanza son cruciales, ya que afectan directamente la capacidad de una empresa para cumplir con objetivos sociales y ambientales (5). En ese sentido, para que cualquier compromiso de sostenibilidad tenga un impacto real, es necesario que los órganos de gobierno corporativo asuman un papel verdaderamente proactivo y transparente. Por tanto, además de una tarea administrativa y estratégica, la gobernanza debe ser vista como la piedra angular para lograr resultados reales en los otros aspectos ASG. 

Finalmente, la idea de "valor compartido", planteada por Porter y Kramer en 2011, apuntó a un nuevo paradigma en el que las empresas generan valor económico mientras crean un impacto positivo en la sociedad (6). Sin embargo, para que este enfoque funcione y se mantenga en el tiempo, es fundamental que las empresas, y especialmente el sector financiero, adopten una visión a largo plazo y prioricen una gestión de sus finanzas en pro de la sostenibilidad ambiental y social, aun eso implique prescindir de beneficios a corto plazo. 

Es evidente que la transición hacia este modelo ha requerido cambios estructurales y regulatorios profundos, sobre todo, ha demandado una transformación ética y de mentalidad por parte de los actores económicos. El verdadero reto radica en trascender la “conformidad con la normativa” y adoptar una ética corporativa que priorice el bien común. De esta manera, el sistema financiero seguirá siendo un motor de cambio, solo que desde una mirada más sostenible.