Las entidades de intermediación financiera (EIF) se enfrentan a desafíos cada vez más urgentes, relacionados con los riesgos ambientales y sociales. A medida que la conciencia sobre la sostenibilidad aumenta y toma relevancia la gestión de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en todo el mundo, las EIF deben considerar cuidadosamente cómo estos factores pueden afectar su estabilidad financiera y reputación. En este artículo, exploraremos cómo los riesgos ambientales y sociales pueden impactar al sistema financiero dominicano y cómo se pueden abordar estos desafíos para fomentar un desarrollo económico sostenible y responsable.

Los riesgos ambientales, sociales y de cambio climático como el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), metano (CH₄), óxido nitroso (O₂N) y dióxido de carbono (CO₂), la degradación del suelo y la escasez de recursos naturales, tienen implicaciones financieras para las instituciones bancarias. Los desastres naturales, como huracanes y tormentas, pueden generar pérdidas significativas para las entidades al verse comprometida la capacidad de pago de préstamos de sus clientes, además de los daños a la infraestructura que este tipo de eventos puede generar. La creciente preocupación mundial por el cambio climático está impulsando una transición hacia una economía baja en carbono, lo que significa que las empresas dependientes de combustibles fósiles o con inversiones en actividades intensivas en carbono pueden enfrentar riesgos financieros a largo plazo.

Los riesgos sociales, como la desigualdad económica y el incumplimiento de los derechos laborales, también pueden afectar al sistema financiero. La exclusión y la falta de educación financiera pueden generar una mayor propensión al endeudamiento excesivo y al incumplimiento de las obligaciones de pago de préstamos, lo que afecta tanto a las entidades como a los clientes. Asimismo, la reputación de las entidades puede verse afectada si se asocian con empresas que violan los derechos laborales o contribuyen a la desigualdad económica.

El impacto de estos riesgos se puede vislumbrar más claramente si se considera desde la óptica de los que tradicionalmente se gestionan en el sector financiero, como son los riesgos de crédito y reputacionales. Por ejemplo:

• Riesgo crediticio: los riesgos ambientales y sociales pueden tener un impacto directo en la capacidad de los prestatarios para cumplir con sus obligaciones crediticias. Eventos climáticos extremos como huracanes o inundaciones pueden causar daños significativos a las propiedades y la infraestructura de las empresas, lo que puede dificultar su capacidad para pagar sus préstamos. Además, las empresas involucradas en actividades que contribuyen a la degradación ambiental o violan los derechos laborales pueden enfrentar acciones regulatorias o judiciales, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento crediticio.
• Riesgo reputacional: la reputación de las instituciones financieras puede verse afectada si se asocian con empresas o proyectos que causan daños ambientales o sociales significativos. La sociedad y los clientes están cada vez más conscientes de los impactos negativos de ciertas actividades empresariales en el medio ambiente y las comunidades. Las entidades que no adopten prácticas financieras sostenibles y responsables pueden enfrentar una pérdida de confianza y una disminución de la demanda de sus servicios, lo que afecta su reputación y rentabilidad a largo plazo.

A pesar de los riesgos mencionados, los desafíos ambientales y sociales también presentan oportunidades para el sistema financiero dominicano. La integración de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las políticas y prácticas del sector pueden impulsar la innovación y el desarrollo de productos financieros sostenibles. Las entidades pueden promover inversiones en energías renovables, eficiencia energética y proyectos sociales que generen un impacto positivo en la comunidad y, al mismo tiempo, brinden retornos financieros.

Algunas de estas estrategias incluyen:

• Integrar consideraciones ASG en los procesos de toma de decisiones y evaluación de riesgos.
• Establecer políticas que tengan en cuenta criterios ambientales y sociales en sus procesos de originación de crédito. Por ejemplo: la implementación de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) y la aplicación de listados de exclusión[1].
• Fomentar la transparencia y la divulgación de información sobre las prácticas sostenibles y los impactos ambientales y sociales.
• Promover la educación y la inclusión financiera para fomentar la resiliencia económica de los clientes.

Podemos concluir diciendo que los riesgos ambientales y sociales plantean desafíos significativos para el sistema financiero dominicano, pero también ofrecen oportunidades para promover la sostenibilidad financiera y el desarrollo económico responsable. En adición, los participantes del mercado deben adoptar enfoques proactivos para gestionar estos riesgos, integrando consideraciones ASG en sus prácticas y políticas. Al hacerlo, pueden fortalecer su reputación, minimizar las pérdidas financieras y, a su vez, contribuir al bienestar social y ambiental en la República Dominicana. Finalmente, la adopción de medidas sostenibles por parte de las instituciones financieras puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de un futuro más resiliente y próspero para el país.

 

Referencias:

• Banco Central Europeo – Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales - Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales (europa.eu) (2020)
• Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio – Hacia un crecimiento sostenible, el Plan de República Dominicana para el Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (2011).
• Banco Mundial - Marco Ambiental y Social para las operaciones de financiamiento de proyectos de inversión (2018) - ESF-Guidance-Note-1-Assessment-and-Management-of-Environmental-and-Social-Risks-and-Impacts-Spanish.pdf (worldbank.org)
• PNUMA – El sistema financiero que necesitamos, informe de investigación (2015).

 

[1]  Los listados de exclusión elaborados por instituciones financieras establecen las actividades o proyectos que, por su alto impacto ambiental, social o en la gobernanza, no son objeto de financiamiento.