La integridad en el ejercicio de la gestión pública constituye un valor fundamental. Adquiere una dimensión particularmente crítica cuando se analiza su rol en un ente supervisor, como es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB). 

En el sector financiero este valor no solo define la calidad de la supervisión, sino que también impacta en la estabilidad y confianza. La integridad actúa como un mecanismo de prevención multidimensional, que combate la corrupción desde sus raíces individuales e institucionales. De manera general, también incide en la supervisión y en la firmeza del sistema financiero. 

En la prevención de la corrupción, la integridad juega un papel importante, y esta se manifiesta en varios aspectos críticos:

La integridad crea un escudo moral contra el abuso de poder, ya que establece límites claros entre lo correcto e incorrecto, y genera una cultura de transparencia y responsabilidad. 

Un efectivo control interno reduce las oportunidades de conductas irregulares, promoviendo sistemas de vigilancia y autorregulación, y facilitando la detección temprana de prácticas corruptas. 

A nivel institucional, fortalece la confianza ciudadana, minimiza riesgos de malversación de recursos públicos y garantiza la eficiencia y calidad de sus servicios. La integridad desincentiva los comportamientos delictivos, disminuye el potencial de las conductas corruptas y genera un ambiente de probidad que reduce prácticas irregulares. 

Los organismos supervisores del sector financiero tienen la crucial responsabilidad de vigilar y regular las operaciones de las entidades bancarias. La Superintendencia de Bancos, como órgano supervisor, tiene la responsabilidad fundamental de velar por la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero.  

Esta labor requiere, como condición sine qua non, que la institución, sus funcionarios e inspectores actúen con absoluta integridad en el desempeño de sus funciones. La integridad, como una de nuestras virtudes institucionales, no es simplemente un valor abstracto, sino un principio operativo que debe manifestarse en cada decisión y acción.

Integridad en la toma de decisiones 

La integridad contribuye con que las decisiones tomadas por el organismo supervisor se basen exclusivamente en criterios técnicos y objetivos, libres de influencias indebidas o conflictos de interés. Una supervisión basada en la integridad permite identificar y prevenir riesgos sistémicos, asegurar el cumplimiento normativo efectivo y promover prácticas bancarias saludables. 

Credibilidad institucional 

Un organismo supervisor que opera con integridad genera confianza entre las instituciones supervisadas, sus ahorrantes e inversionistas locales y extranjeros, sus usuarios y usuarias, así como en otros entes reguladores y organismos internacionales. 

Impacto en el sector financiero 

La integridad tiene repercusiones directas y significativas en el sector financiero, genera confianza y es un elemento crucial para la atracción de inversiones nacionales e internacionales, la estabilidad de los depósitos bancarios y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Igualmente, en el ámbito de la supervisión, permite el desarrollo del mercado, ya que contribuye con la innovación responsable, la competencia leal entre entidades y la inclusión financiera sostenible. 

Mecanismos de fortalecimiento 

Para mantener y potenciar la integridad institucional, la SB debe implementar y fortalecer continuamente los siguientes procesos:

1. Sistemas de control interno:  

2. Programas de capacitación: 

3. Políticas de transparencia: 

Para el correcto funcionamiento del sistema financiero, la integridad del ente supervisor no es una opción, sino una necesidad. Este valor fundamental debe seguir cultivándose y protegerse como un activo institucional estratégico, reconociendo que su presencia o ausencia puede determinar la diferencia entre un sistema financiero robusto y confiable, a uno vulnerable y cuestionado. La institución debe mantener un compromiso inquebrantable con la integridad, no solo como un principio ético, sino como una herramienta práctica para cumplir su misión supervisora y contribuir al desarrollo económico sostenible de la República Dominicana.