Las garantías constitucionales del debido proceso son aplicables en cualquier ámbito en que se manifieste la facultad represiva del Estado, incluyendo en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. En ese contexto, en materia administrativa sancionadora, uno de los pilares del debido proceso es el principio de separación de las funciones de instrucción del procedimiento y la función decisoria, aspecto que con mayor intensidad diferencia al procedimiento administrativo sancionador de los demás tipos de procedimientos administrativos.
Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.