La propuesta de eliminar el historial crediticio de los deudores afectados durante la crisis por COVID-19 sería más perjudicial que beneficiosa, pues eliminaría información de calidad para los procesos de evaluación de riesgos de las entidades de intermediación financiera, reduciendo el dinamismo crediticio.

Borrar el historial crediticio de las personas afectaría a todos los usuarios del sistema. Tanto a los que se han sacrificado para continuar honrando sus créditos (cerca de 1.6 millones) como a los que están en condición de morosidad (unos 317 mil).

Esta pretensión también tiene el potencial de incentivar un comportamiento más riesgoso por parte de los deudores con peor capacidad de pago.

Al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que las entidades terminen otorgando préstamos a mayor costo y de mala calidad, producto de la falta de información confiable. Esto elevaría los niveles de morosidad en el futuro, ocasionando un deterioro en la calidad de las carteras.

En un segundo escenario, si la amnistía crediticia propone la condonación de deudas, atenta contra el ahorro nacional. Son los depositantes quienes tendrán que sacrificar sus ahorros para financiar parte de la crisis generada por la pandemia. La condonación crediticia de algunos terminará pagándose con los ahorros de los depositantes y el patrimonio de las entidades.

A esto se suma que las condonaciones de deudas atentan contra la libertad contractual, el libre consentimiento y las soluciones basadas en el mercado.  Los efectos de estas moratorias crediticias generales erosionarían la base de fondeo de las entidades de intermediación financiera, desincentivando el ahorro y, potencialmente, generando desconfianza en la moneda nacional.

La Superintendencia de Bancos reitera su compromiso de velar por la estabilidad de todo el sistema financiero. Esto comprende la protección del bienestar de todos los usuarios, tanto de los deudores como de los ahorrantes.

Incluso en el contexto actual, definido por la crisis, el sistema financiero de la República Dominicana goza de bajos niveles de morosidad. Al cierre de octubre de 2020 el indicador pasó a 2.1 % (de 1.7 % en igual fecha del 2019). Esto resalta la cultura de cumplimiento que caracteriza al pueblo dominicano y la resiliencia de los deudores. 

Esta institución está en disposición de compartir con la Comisión de Hacienda del Senado de la República los argumentos y datos que sustentan esta posición.